La Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas sigue oponiéndose al canon por el préstamo de libros

El viernes entregan al Defensor del Pueblo las firmas recogidas en contra de la directiva europea 2006/115/CE (antes 92/100/CEE)

El próximo viernes 24 de octubre, coincidiendo con la celebración en España del Día de la Biblioteca, la Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas entregará al Defensor del Pueblo cerca de 100.000 firmas pidiendo la anulación de la directiva europea 2006/115/CE (antes 1992/100/CEE), que establece que los autores pueden prohibir el préstamo público de sus obras o, en su defecto, han de ser compensados económicamente por ello.

Esas firmas, unidas a las entregadas anteriormente por este mismo colectivo al Defensor del Pueblo y al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (237.150) totalizan casi 350.000 en contra del denominado préstamo de pago.

Las bibliotecarias y bibliotecarios españoles comenzaron hace años una firme campaña de movilizaciones en contra de la Directiva europea de 19 de noviembre de 1992 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual –nombre oficial de la directiva que establece el sistema de préstamo de pago- del que esta entrega de firmas es tan sólo un acto más.

En un principio se pidió al Gobierno español que no traspusiese la norma europea a la legislación nacional. Una vez que dicha trasposición se ha producido mediante la Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas pide a la Unión Europea que derogue la directiva.

La Plataforma, integrada principalmente por bibliotecarios, estima que afecta muy negativamente al servicio que las bibliotecas proporcionan a la sociedad.

Según el colectivo, el dinero destinado al pago del canon no se va a ver compensado por un aumento del presupuesto de que disponen las bibliotecas para la compra de libros y la prestación de servicios a sus usuarios. Los perjudicados serían en el fondo los cientos de miles de españoles que son usuarios de las bibliotecas públicas y, en definitiva, toda la sociedad.

Los miembros del colectivo consideran que la implantación de un canon por el préstamo de libros a las bibliotecas públicas supone un grave perjuicio para la función principal de éstas: facilitar el libre acceso de todos los ciudadanos a la cultura y a la información.

A sus miembros les preocupa también el hecho de que el canon sea recaudado a la administración por entidades privadas. Según ellos, este hecho supone una perversión de los principios fiscales difícil de asumir desde la defensa de los servicios públicos como mecanismos de garantía de los derechos ciudadanos.

La Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas sigue instando al Gobierno para que promueva en Europa, junto a otros Estados, un debate sobre la posible retirada de una directiva que introduce parámetros mercantiles en una tarea de servicio público que no tiene por qué ser gravada y que, con toda seguridad, será perjudicada en su misión de fomentar la lectura en un país cuyos índices dejan mucho que desear.