Javier de la Cueva, abogado especializado en nuevas tecnologías.
La última cifra sobre la importancia económica de las industrias culturales, según el BOE del 21 de noviembre, es de “cerca” del 4% del PIB. Al Gobierno le preguntaría lo siguiente:
¿Cuánto de cerca? ¿Cuál es el desglose de ese porcentaje? ¿Es verdad que en dicha cifra se incluyen el fútbol y los toros? Además, le preguntaría cuántos autores tienen más de 65 años y de qué viven, qué porcentaje de autores ingresan por derechos de propiedad intelectual más que el salario mínimo profesional y cuántos cobran más canon del que pagan. Y no sólo eso. El Gobierno debería explicar por qué toda la actividad estatal paga canon a asociaciones privadas, por qué la contabilidad nacional no desglosa los gastos de propiedad intelectual pero sí los de la industrial, y cuánto pagan las administraciones públicas por el famoso canon. Y respecto a la polémica generada esta semana, ¿por qué el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible se filtró antes a los medios que a los ciudadanos? ¿Por qué los ministerios de Economía y Hacienda y de la Presidencia ocultaron en sus anuncios esta parte del anteproyecto? ¿Qué vínculos unen al Gobierno y su partido con el lobby de la industria del entretenimiento? ¿A cuánto ascienden las subvenciones del sector y cómo se reparten?
A la oposición le pediría que fuera eficaz, que exigiera y obtuviera del Gobierno estos datos y obligase a su publicación y actualización en Internet.
Y es que el debate que nos ocupa ahora no trata de P2P: trata de si el Gobierno vulnera los derechos fundamentales para mantener una industria obsoleta cuyos datos económicos no hace públicos.
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La última cifra sobre la importancia económica de las industrias culturales, según el BOE del 21 de noviembre, es de “cerca” del 4% del PIB. Al Gobierno le preguntaría lo siguiente:
¿Cuánto de cerca? ¿Cuál es el desglose de ese porcentaje? ¿Es verdad que en dicha cifra se incluyen el fútbol y los toros? Además, le preguntaría cuántos autores tienen más de 65 años y de qué viven, qué porcentaje de autores ingresan por derechos de propiedad intelectual más que el salario mínimo profesional y cuántos cobran más canon del que pagan. Y no sólo eso. El Gobierno debería explicar por qué toda la actividad estatal paga canon a asociaciones privadas, por qué la contabilidad nacional no desglosa los gastos de propiedad intelectual pero sí los de la industrial, y cuánto pagan las administraciones públicas por el famoso canon. Y respecto a la polémica generada esta semana, ¿por qué el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible se filtró antes a los medios que a los ciudadanos? ¿Por qué los ministerios de Economía y Hacienda y de la Presidencia ocultaron en sus anuncios esta parte del anteproyecto? ¿Qué vínculos unen al Gobierno y su partido con el lobby de la industria del entretenimiento? ¿A cuánto ascienden las subvenciones del sector y cómo se reparten?
A la oposición le pediría que fuera eficaz, que exigiera y obtuviera del Gobierno estos datos y obligase a su publicación y actualización en Internet.
Y es que el debate que nos ocupa ahora no trata de P2P: trata de si el Gobierno vulnera los derechos fundamentales para mantener una industria obsoleta cuyos datos económicos no hace públicos.
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2 comentarios:
¡Bien hablado!
Este hombre habla de modo claro y convenciendo, ya lo hizo también cuando le entrevistamos en OLVIDA TU EQUIPAJE.
¡Salud, amigos!
Es que es muy bueno "nuestro" querido y combativo abogado.
Gracias Armando, un fuerte abrazo.
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