Me envía mi amiga Inma Vellosillo este video. Y yo lo comparto gustosamente con todxs vosotrxs.
Me conoce bien, antes que amiga fue mi profesora y sabe que tanto la batería como la biblioteca me gustan mucho…
¡¡Gracias, Inma!!
[+ en Universo Abierto]
lunes, 24 de mayo de 2010
miércoles, 19 de mayo de 2010
Cumbre Alternativa de los Pueblos en San Fernando de Henares
Piedad Córdoba, senadora de Colombia.
Berta Cáceres, del Frente de Resistencia Nacional contra el golpe de Estado en Honduras.
Nora de Cortiñas. Asociación Madres de Plaza de Mayo (Argentina)
Bruno Rodríguez. Canciller de la República de Cuba.
Piedad Córdoba. Senadora de Colombia.
Temir Porras. Ministro para Europa de la República Bolivariana de Venezuela.
Cayo Lara. Coordinador general de Izquierda Unida (España)
El pasado lunes se celebró en San Fernando de Henares la Cumbre Alternativa de los Pueblos, un encuentro con gobiernos de izquierdas de América Latina y los Movimientos Sociales de “Enlazando Alternativas”.
El acto tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de la localidad y contó con la presencia de Bruno Rodríguez, canciller de la República de Cuba; Temir Porras, ministro para Europa de la República Bolivariana de Venezuela; María Fernanda Espinosa, ministra de Patrimonio de la República de Ecuador y Piedad Córdoba, senadora de Colombia. Estaba anunciada también la presencia de Evo Morales, presidente de Bolivia, que finalmente no asistió.
Esta ’Cumbre de los Pueblos’ es la alternativa a la cumbre de la Unión Europea (UE) y América Latina.
Bruno Rodríguez, ministro de Exteriores de Cuba, aseguró que "Cuba no se rinde ni se vende" y denunció la "campaña de mentiras que organiza la prensa española", especialmente del grupo Prisa, contra la Revolución cubana y la actitud, durante su mandato, del ex presidente Aznar.
Temir Porras aseguró que la nueva coyuntura de crisis económica y social en Europa hace necesario "un proyecto de transformación", con el cual América Latina está lista para "solidarizarse" y puso el petróleo venezolano a disposición de los pueblos amigos latinoamericanos.
Porras defendió además las medidas de control cambiario en su país, asegurando que "en Venezuela los especuladores, los banqueros, no tienen una carta blanca para mover los capitales como deseen".
Berta Cáceres, del Frente de Resistencia Nacional contra el golpe de Estado en Honduras, leyó una carta que envió a Evo Morales para que sea leída en la cumbre oficial, en la cual se insta a "no reconocer al régimen golpista hondureño disfrazado" del presidente Porfirio Lobo.
Piedad Córdoba pronunció el discurso más vibrante, en el que denunció sin paliativos al gobierno de su país y en particular "los asesinatos a sangre fría" y la represión política con la excusa de la "lucha contra el terrorismo" encabezada por el presidente colombiano, Álvaro Uribe.
Hizo incapié en exculpar de terrorismo a las FARC, el grupo guerrillero colombiano catalogado como organización terrorista por los Estados Unidos.
Entre los asistentes al acto pudimos ver a la veterana activista argentina Nora de Cortiñas, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Durante el acto se escucharon multitud de cánticos de apoyo al gobierno de Evo Morales así como de respaldo a las políticas llevadas a cabo por Cuba, Venezuela y Ecuador. También se escucharon críticas contra los Tratados de Libre Comercio entre la UE y América Latina, denuncia del golpe de Estado en Honduras y de la situación en Colombia así como un rechazo a la política imperialista de los Estados Unidos en América Latina.
viernes, 14 de mayo de 2010
Lo que no se dice de la crisis
La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.
Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.
Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.
Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB). Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.
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Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policyen The Johns Hopkins University
Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.
Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.
Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB). Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.
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Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policyen The Johns Hopkins University
Sobre la supresión de la dirección general de la Biblioteca Nacional de España
El Colectivo de Docentes de Información y Documentación por el Compromiso Social se suma a las reacciones de rechazo en relación con la medida tomada por el Gobierno español consistente en la rebaja de estatus de la Biblioteca Nacional de España, reflejada en la supresión de la Dirección General de este organismo. Independientemente de cuestiones presupuestarias, tal medida denota una visión miope respecto a la cultura en tanto supone una vez más la primacía de lo urgente a costa de la relegación de lo verdaderamente importante.Por otro lado, no puede ignorarse el impacto negativo de esta medida en un organismo de servicio público que constituye un referente para la proyección cultural de nuestro país. Igualmente, esta degradación del máximo organismo bibliotecario español puede servir como “ejemplo” para administraciones locales y autonómicas con escasa sensibilidad cultural.
Todo ello se inscribe en un contexto de degradación cultural favorecido por diversos factores entre los cuales se va abriendo paso un enfoque educativo y cultural orientado a habilidades, competencias y actividades valoradas en el mercado y no orientadas hacia una formación integral y emancipadora de los ciudadanos, sentido último de la educación y la cultura.
En definitiva, se trata de la visión mercantilista reacia a valorar otros frutos que los meramente económicos. La consideración de la Biblioteca Nacional y el sistema bibliotecario en general como elementos fundamentales de la cultura española deben estar por encima de coyunturas y cálculos económicos sin visión de futuro, y más aún en uno de los países que no destaca precisamente por su gasto social en la Unión Europea.
Colectivo de Docentes de Información y Documentación por el Compromiso Social (83 docentes de España y Latinoamérica)
Todo ello se inscribe en un contexto de degradación cultural favorecido por diversos factores entre los cuales se va abriendo paso un enfoque educativo y cultural orientado a habilidades, competencias y actividades valoradas en el mercado y no orientadas hacia una formación integral y emancipadora de los ciudadanos, sentido último de la educación y la cultura.
En definitiva, se trata de la visión mercantilista reacia a valorar otros frutos que los meramente económicos. La consideración de la Biblioteca Nacional y el sistema bibliotecario en general como elementos fundamentales de la cultura española deben estar por encima de coyunturas y cálculos económicos sin visión de futuro, y más aún en uno de los países que no destaca precisamente por su gasto social en la Unión Europea.
Colectivo de Docentes de Información y Documentación por el Compromiso Social (83 docentes de España y Latinoamérica)
Palestina, el conflicto de Oriente Medio
El 15 de mayo, se llevará a cabo en el C.S la Estaca una pequeña charla sobre el Conflicto de Palestina.
Para poder entender un poco mejor la situación, se proyectará un breve documental y luego se hablará de los últimos ataques a Gaza (la Operación Plomo Fundido).
Estáis tod@s invitad@s y así conseguiremos, que el turno de palabra sea más rico y podamos participar tod@s.
sábado 15 de mayo a las 19:00 h.
salud!!
¡¡ OS ESPERAMOS !!
Para poder entender un poco mejor la situación, se proyectará un breve documental y luego se hablará de los últimos ataques a Gaza (la Operación Plomo Fundido).
Estáis tod@s invitad@s y así conseguiremos, que el turno de palabra sea más rico y podamos participar tod@s.
sábado 15 de mayo a las 19:00 h.
salud!!
¡¡ OS ESPERAMOS !!
miércoles, 12 de mayo de 2010
Sentencia: El Juzgado desestima la demanda de SGAE contra página de enlaces a P2P y le condena a las costas del procedimiento
Mar, 11/05/2010 - 17:03 — Javier de la Cueva
Tenemos el placer de hacerles partícipes de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, que nos ha sido notificada en el día de hoy y siendo todavía susceptible de recurso, en la que se absuelve al administrador de la web de enlaces a redes p2p indice-web.com, con expresa condena en costas a la SGAE, quien le había demandado alegando que mediante dicha web se infringían los derechos de autor de sus socios, solicitando su cierre y una indemnización económica a cuantificar en función de diversos factores, tales como número de enlaces de la web y número de visitas de los usuarios a las páginas que contuvieran una ficha catalogadora de la obra intelectual de que se trate y que contenga un enlace a la misma.
Ya en las medidas cautelares de este procedimiento, el Juzgado había dictaminado que no procedía el cierre cautelar solicitado por la SGAE, lo que ahora se confirma plenamente en la sentencia sobre el fondo del asunto, que no es otro de si un enlace vulnera o no la propiedad intelectual y, más concretamente, si mediante un enlace a un archivo que se halla en un servidor ajeno a indice-web.com se vulnera el derecho de comunicación pública reservado a los titulares de los derechos de propiedad intelectual.
La sentencia centra perfectamente el objeto de debate jurídico (si un enlace supone reproducción o comunicación pública de una obra) y literalmente señala en su Fundamento Jurídico Tercero, titulado Sobre la Concurrencia de las Violaciones de la Propiedad Intelectual, lo siguiente:
Sentado que la función de Índice-web es precisamente la de constituir una especie de índice o catálogo de sitios web, proporcionando exclusivamente un enlace, de forma que la descarga, si se produce, se verifica de una forma completamente externa y ajena a Índice-web, debe examinarse si tal función supone infracción de los derechos de propiedad intelectual gestionados por la actora.
Como se ha dicho, el actor centra la infracción sufrida en sus derechos en la comunicación pública (mediante la puesta a disposición) y en la reproducción de obras musicales del repertorio gestionado por ella gestionado. Respecto a la distribución el Artículo 19.1 LPI dice que “Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.”
A su vez la LPI define en el Artículo 20 qué ha de entenderse por Comunicación pública, entendiéndose por tal “todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas”.
Como se ha dicho, resulta acreditado que el sitio web Índice-web.com ofrece exclusivamente enlaces para descargas en redes P2P u otros sitios web, sin almacenar ningún tipo de contenidos audiovisuales y sin intervenir en las transmisiones realizadas en las redes P2P. Esa función del sitio web del demandado, esto es, de indexar o crear un índice que favorece y orienta a los usuarios para acceder a otros webs o a las redes de intercambio de archivos P2P mediante el sistema de menús, carteles o portadas con títulos de películas u obras musicales, constituye la esencia misma de Internet. Es más, éste sería un caos si no hubiera páginas y/o buscadores (como Google) que facilitan hacer aquello que en este procedimiento pretende que se declare como acto vulnerador de derechos, esto es, enlazar a otras páginas o a las llamadas redes P2P. Google, de una forma generalista, hace la misma función que el web del demandado, y la licitud de tal función, aunque desde otra perspectiva, ya ha sido declarada en sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15a, de 17 Sep. 2008.
Teniendo en cuenta el concepto legal de distribución o de comunicación pública, puede decirse que la labor de enlazar sin intervenir en la descarga, no entra dentro del núcleo de lo que constituye distribución (puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma) ni comunicación pública (todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas). Enlazar sitios de internet, que no es otra cosa que ofrecer el mero dato fáctico de un contenido que se halla en otro lugar de Internet, queda muy lejos del núcleo de lo que supone distribuir, reproducir o comunicar públicamente, y ello resulta del hecho de que comunicados los usuarios de las redes P2P, estos actúan la descarga, en su caso, sin intervención de los sitios que han facilitado el enlace, como ocurre con Índice-web. Y lo mismo puede decirse cuando el particular enlaza con el servidor señalado por webs como la del demandado, y se dedica a verificar una descarga de obra protegida.
Puede decirse que el sitio web del demandado facilita u orienta a los usuarios de la red de Internet la búsqueda de obras que luego van a ser objeto de intercambio a través de las redes P2P, pero en nuestro derecho, plenamente ajustado a la normativa comunitaria, no está prohibido favorecer, orientar o ayudar mediante enlaces, en la búsqueda de archivos que contengan obras protegidas para lograr su posterior descarga a través de las llamadas redes P2P. Por ello, el sistema de enlaces o links desarrollado por el demandado en este caso, no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública.
La importancia de esta sentencia es que por un Juzgado especializado en Propiedad Intelectual, lo que se acumula a lo ya sentado en el caso de elrincondejesus.com, se manifiesta que enlazar no supone reproducir ni comunicar públicamente y, por tanto, no vulnera la Propiedad Intelectual.
La industria en su momento inició procedimientos penales basándose en que las webs de enlaces a redes p2p están reproduciendo y comunicando públicamente las obras a las que referencias con ánimo de lucro derivado de la publicidad. Tal y como señaló la Audiencia Provincial de Madrid en el caso Sharemula, dado que no existe comunicación pública mediante los enlaces, no hacía falta estudiar el ánimo de lucro ya que para que existiera delito debían concurrir ambos requisitos.
Si Juzgados especializados en Propiedad Intelectual, con buen criterio, señalan que la comunicación pública no existe, difícilmente los casos que quedan pendientes en vía penal pueden llegar a prosperar. Por otro lado, esta sentencia pone una vez más de manifiesto la perversa paradoja que supone la Disposición Final segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, cuya concepción y objeto no parece ser otro que el de dar potestad a un órgano administrativo para que cierre páginas como la que hoy mismo ha sido declarada por un juez no vulneradora de derecho de propiedad intelectual alguno.
Nos permitimos recordar para quien se halle interesado en el tema, que dispone para su libre descarga y uso la contestación a la demanda que utilizamos para defender las webs de enlaces en las siguientes direcciones.
Formato .odt
Formato .doc
Tenemos el placer de hacerles partícipes de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, que nos ha sido notificada en el día de hoy y siendo todavía susceptible de recurso, en la que se absuelve al administrador de la web de enlaces a redes p2p indice-web.com, con expresa condena en costas a la SGAE, quien le había demandado alegando que mediante dicha web se infringían los derechos de autor de sus socios, solicitando su cierre y una indemnización económica a cuantificar en función de diversos factores, tales como número de enlaces de la web y número de visitas de los usuarios a las páginas que contuvieran una ficha catalogadora de la obra intelectual de que se trate y que contenga un enlace a la misma.
Ya en las medidas cautelares de este procedimiento, el Juzgado había dictaminado que no procedía el cierre cautelar solicitado por la SGAE, lo que ahora se confirma plenamente en la sentencia sobre el fondo del asunto, que no es otro de si un enlace vulnera o no la propiedad intelectual y, más concretamente, si mediante un enlace a un archivo que se halla en un servidor ajeno a indice-web.com se vulnera el derecho de comunicación pública reservado a los titulares de los derechos de propiedad intelectual.
La sentencia centra perfectamente el objeto de debate jurídico (si un enlace supone reproducción o comunicación pública de una obra) y literalmente señala en su Fundamento Jurídico Tercero, titulado Sobre la Concurrencia de las Violaciones de la Propiedad Intelectual, lo siguiente:
Sentado que la función de Índice-web es precisamente la de constituir una especie de índice o catálogo de sitios web, proporcionando exclusivamente un enlace, de forma que la descarga, si se produce, se verifica de una forma completamente externa y ajena a Índice-web, debe examinarse si tal función supone infracción de los derechos de propiedad intelectual gestionados por la actora.
Como se ha dicho, el actor centra la infracción sufrida en sus derechos en la comunicación pública (mediante la puesta a disposición) y en la reproducción de obras musicales del repertorio gestionado por ella gestionado. Respecto a la distribución el Artículo 19.1 LPI dice que “Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.”
A su vez la LPI define en el Artículo 20 qué ha de entenderse por Comunicación pública, entendiéndose por tal “todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas”.
Como se ha dicho, resulta acreditado que el sitio web Índice-web.com ofrece exclusivamente enlaces para descargas en redes P2P u otros sitios web, sin almacenar ningún tipo de contenidos audiovisuales y sin intervenir en las transmisiones realizadas en las redes P2P. Esa función del sitio web del demandado, esto es, de indexar o crear un índice que favorece y orienta a los usuarios para acceder a otros webs o a las redes de intercambio de archivos P2P mediante el sistema de menús, carteles o portadas con títulos de películas u obras musicales, constituye la esencia misma de Internet. Es más, éste sería un caos si no hubiera páginas y/o buscadores (como Google) que facilitan hacer aquello que en este procedimiento pretende que se declare como acto vulnerador de derechos, esto es, enlazar a otras páginas o a las llamadas redes P2P. Google, de una forma generalista, hace la misma función que el web del demandado, y la licitud de tal función, aunque desde otra perspectiva, ya ha sido declarada en sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15a, de 17 Sep. 2008.
Teniendo en cuenta el concepto legal de distribución o de comunicación pública, puede decirse que la labor de enlazar sin intervenir en la descarga, no entra dentro del núcleo de lo que constituye distribución (puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma) ni comunicación pública (todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas). Enlazar sitios de internet, que no es otra cosa que ofrecer el mero dato fáctico de un contenido que se halla en otro lugar de Internet, queda muy lejos del núcleo de lo que supone distribuir, reproducir o comunicar públicamente, y ello resulta del hecho de que comunicados los usuarios de las redes P2P, estos actúan la descarga, en su caso, sin intervención de los sitios que han facilitado el enlace, como ocurre con Índice-web. Y lo mismo puede decirse cuando el particular enlaza con el servidor señalado por webs como la del demandado, y se dedica a verificar una descarga de obra protegida.
Puede decirse que el sitio web del demandado facilita u orienta a los usuarios de la red de Internet la búsqueda de obras que luego van a ser objeto de intercambio a través de las redes P2P, pero en nuestro derecho, plenamente ajustado a la normativa comunitaria, no está prohibido favorecer, orientar o ayudar mediante enlaces, en la búsqueda de archivos que contengan obras protegidas para lograr su posterior descarga a través de las llamadas redes P2P. Por ello, el sistema de enlaces o links desarrollado por el demandado en este caso, no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública.
La importancia de esta sentencia es que por un Juzgado especializado en Propiedad Intelectual, lo que se acumula a lo ya sentado en el caso de elrincondejesus.com, se manifiesta que enlazar no supone reproducir ni comunicar públicamente y, por tanto, no vulnera la Propiedad Intelectual.
La industria en su momento inició procedimientos penales basándose en que las webs de enlaces a redes p2p están reproduciendo y comunicando públicamente las obras a las que referencias con ánimo de lucro derivado de la publicidad. Tal y como señaló la Audiencia Provincial de Madrid en el caso Sharemula, dado que no existe comunicación pública mediante los enlaces, no hacía falta estudiar el ánimo de lucro ya que para que existiera delito debían concurrir ambos requisitos.
Si Juzgados especializados en Propiedad Intelectual, con buen criterio, señalan que la comunicación pública no existe, difícilmente los casos que quedan pendientes en vía penal pueden llegar a prosperar. Por otro lado, esta sentencia pone una vez más de manifiesto la perversa paradoja que supone la Disposición Final segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, cuya concepción y objeto no parece ser otro que el de dar potestad a un órgano administrativo para que cierre páginas como la que hoy mismo ha sido declarada por un juez no vulneradora de derecho de propiedad intelectual alguno.
Nos permitimos recordar para quien se halle interesado en el tema, que dispone para su libre descarga y uso la contestación a la demanda que utilizamos para defender las webs de enlaces en las siguientes direcciones.
Formato .odt
Formato .doc
Asimismo, como es de rigor, ponemos a disposición de nuestros lectores el contenido íntegro de la sentencia en el siguiente enlace.
David Bravo y Javier de la CuevaAbogados de indice-web.com
Carta abierta de Martxelo Otamendi, ex-director del periódico en lengua vasca Egunkaria, absuelto de la acusación de terrorismo
Sábado 1ro de mayo de 2010. Nodo50 Descargar artículo en PDF
En febrero de 2003, el juez de la Audiencia Nacional Juan de Olmo decidió cerrar el periódico Egunkaria, único que se publicaba íntegramente en lengua vasca, en base a unos supuestos delitos derivados de investigaciones realizadas por la Guardia Civil, a instancias del gobierno español del momento. Junto al cierre procedieron a la detención de 10 personas (nueve de ellas anteriores o actuales directivos del diario), acusadas en aquel momento de pertenencia o colaboración con ETA.
En los cinco días de incomunicación que padecimos en los calabozos de la Guardia Civil en Madrid, 6 de los detenidos sufrimos torturas, consistentes en agotadores ejercicios físicos hasta la extenuación, vejaciones, humillaciones, falta de descanso, asfixia (aplicación de “la bolsa”), amenazas, implicando incluso a personas queridas y cercanas. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del juez instructor en el momento de la declaración judicial nada más salir, sin que se tomara la molestia de abrir una investigación.
Entre los acusados hemos sumado 28 meses de prisión preventiva, limitando los movimientos a las personas que dejaron en libertad condicional.
El cierre del periódico supuso la pérdida de trabajo de sus 150 empleados, así como cuantiosas pérdidas económicas. Y privó a sus periodistas, lectores, anunciantes y a la sociedad en general de una información diaria y de calidad, y de una plataforma mediática en la lengua por ellos elegida.
A pesar de que la fiscalía retiró todos los cargos ya en 2006, por no apreciar siquiera indicios, el juicio se celebró recientemente en la Audiencia Nacional de Madrid, con la única acusación de la AVT o Justicia y Dignidad, lo que nos ocasionó cuantiosos gastos en viajes, estancias y defensa, y tiempo que tuvimos que restar a la fuerza a la actividad laboral, social o familiar. Finalmente la sentencia nos absuelve con claridad a los procesados, por no existir actividad delictiva alguna, y declara ilegal el cierre del periódico, desmontando así el intento de criminalizar la actividad y la expresión del pueblo vasco en su propia lengua.
Tenemos derecho a una indemnización y reparación por todos los perjuicios que nos han ocasionado en estos 7 años de sufrimiento injusto. Y los responsables de la Guardia Civil que nos detuvo y maltrató, así como sus responsables políticos, deben dar explicaciones y asumir su responsabilidad. Estas reparaciones son de justicia, aunque no hay dinero que pueda borrar las heridas que te deja, por ejemplo, la tortura.
Porque el estado español, como por desgracia ocurre con muchos países llamados democráticos, sigue practicando la tortura, por mucho que lo nieguen los responsables de Interior. Son innumerables y continuadas las denuncias de organismos internacionales al Estado Español por no impedir la práctica de la tortura. Si en algo se diferencia un estado dictatorial de uno democrático, es por el respeto con el que este último debe tratar a todo ser humano, sea delincuente, presunto o inocente.
Son muchas las personas que, como nos ha ocurrido a nosotros, sufren en los medios de comunicación un veredicto previo de condena (terrorista o cualquier otra acusación), y que finalmente son declaradas inocentes en instancia judicial. No es justo que la opinión pública, condicionada por algunos medios poco profesionales, condene antes de tiempo. Los medios de comunicación deben informar con veracidad y respeto; es un derecho, no sólo de los afectados, sino también de los ciudadanos receptores de información, que deben exigir rigor en el tratamiento de las noticias.
Sólo me cabe agradecer a quienes en todo el estado español, y fuera de sus fronteras, nos han apoyado en este largo proceso, incluso asumiendo el riesgo de ser acusados, ellos también, de pertenecer a un “entorno” en el que son presa fácil de los llamados poderes fácticos.
Martxelo Otamendi. 26 de abril de 2010
En febrero de 2003, el juez de la Audiencia Nacional Juan de Olmo decidió cerrar el periódico Egunkaria, único que se publicaba íntegramente en lengua vasca, en base a unos supuestos delitos derivados de investigaciones realizadas por la Guardia Civil, a instancias del gobierno español del momento. Junto al cierre procedieron a la detención de 10 personas (nueve de ellas anteriores o actuales directivos del diario), acusadas en aquel momento de pertenencia o colaboración con ETA.
En los cinco días de incomunicación que padecimos en los calabozos de la Guardia Civil en Madrid, 6 de los detenidos sufrimos torturas, consistentes en agotadores ejercicios físicos hasta la extenuación, vejaciones, humillaciones, falta de descanso, asfixia (aplicación de “la bolsa”), amenazas, implicando incluso a personas queridas y cercanas. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del juez instructor en el momento de la declaración judicial nada más salir, sin que se tomara la molestia de abrir una investigación.
Entre los acusados hemos sumado 28 meses de prisión preventiva, limitando los movimientos a las personas que dejaron en libertad condicional.
El cierre del periódico supuso la pérdida de trabajo de sus 150 empleados, así como cuantiosas pérdidas económicas. Y privó a sus periodistas, lectores, anunciantes y a la sociedad en general de una información diaria y de calidad, y de una plataforma mediática en la lengua por ellos elegida.
A pesar de que la fiscalía retiró todos los cargos ya en 2006, por no apreciar siquiera indicios, el juicio se celebró recientemente en la Audiencia Nacional de Madrid, con la única acusación de la AVT o Justicia y Dignidad, lo que nos ocasionó cuantiosos gastos en viajes, estancias y defensa, y tiempo que tuvimos que restar a la fuerza a la actividad laboral, social o familiar. Finalmente la sentencia nos absuelve con claridad a los procesados, por no existir actividad delictiva alguna, y declara ilegal el cierre del periódico, desmontando así el intento de criminalizar la actividad y la expresión del pueblo vasco en su propia lengua.
Tenemos derecho a una indemnización y reparación por todos los perjuicios que nos han ocasionado en estos 7 años de sufrimiento injusto. Y los responsables de la Guardia Civil que nos detuvo y maltrató, así como sus responsables políticos, deben dar explicaciones y asumir su responsabilidad. Estas reparaciones son de justicia, aunque no hay dinero que pueda borrar las heridas que te deja, por ejemplo, la tortura.
Porque el estado español, como por desgracia ocurre con muchos países llamados democráticos, sigue practicando la tortura, por mucho que lo nieguen los responsables de Interior. Son innumerables y continuadas las denuncias de organismos internacionales al Estado Español por no impedir la práctica de la tortura. Si en algo se diferencia un estado dictatorial de uno democrático, es por el respeto con el que este último debe tratar a todo ser humano, sea delincuente, presunto o inocente.
Son muchas las personas que, como nos ha ocurrido a nosotros, sufren en los medios de comunicación un veredicto previo de condena (terrorista o cualquier otra acusación), y que finalmente son declaradas inocentes en instancia judicial. No es justo que la opinión pública, condicionada por algunos medios poco profesionales, condene antes de tiempo. Los medios de comunicación deben informar con veracidad y respeto; es un derecho, no sólo de los afectados, sino también de los ciudadanos receptores de información, que deben exigir rigor en el tratamiento de las noticias.
Sólo me cabe agradecer a quienes en todo el estado español, y fuera de sus fronteras, nos han apoyado en este largo proceso, incluso asumiendo el riesgo de ser acusados, ellos también, de pertenecer a un “entorno” en el que son presa fácil de los llamados poderes fácticos.
Martxelo Otamendi. 26 de abril de 2010
En defensa de las declaraciones del Ministro de Ciencia y Tecnología de Portugal, Mariano Gago
El Ministro de Ciencia y Tecnología de Portugal, Mariano Gago, afirmó que la piratería en Internet a gran escala ha tenido consecuencias positivas, como el enorme incremento de valor para los productores que ven sus contenidos distribuidos por todo el mundo. Gago añadió que no es una sorpresa, ya que la piratería siempre ha sido una fuente de progreso y globalización.
La presión desde el lobby de la industria de contenidos ha forzado a Gago a retirar sus declaraciones públicamente.
Sin embargo, sus declaraciones están fuertemente apoyadas por los hechos históricos y contemporáneos. Tan sólo dos siglos atrás, en las naciones europeas se llamaba a los americanos “yankees”, con un sentido peyorativo. Como consecuencia de su rechazo deliberado y a gran escala de las patentes y copyright europeos, los jóvenes Estados Unidos de América consiguieron un aumento drástico de innovación y desarrollo tecnológico. Además, gracias a los costes reducidos de los libros europeos, de los que no se pagaba copyright, EEUU consiguió luchar contra el analfabetismo de la población a un ritmo más rápido que en Europa.
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La presión desde el lobby de la industria de contenidos ha forzado a Gago a retirar sus declaraciones públicamente.
Sin embargo, sus declaraciones están fuertemente apoyadas por los hechos históricos y contemporáneos. Tan sólo dos siglos atrás, en las naciones europeas se llamaba a los americanos “yankees”, con un sentido peyorativo. Como consecuencia de su rechazo deliberado y a gran escala de las patentes y copyright europeos, los jóvenes Estados Unidos de América consiguieron un aumento drástico de innovación y desarrollo tecnológico. Además, gracias a los costes reducidos de los libros europeos, de los que no se pagaba copyright, EEUU consiguió luchar contra el analfabetismo de la población a un ritmo más rápido que en Europa.
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martes, 11 de mayo de 2010
Por la autonomía universitaria, contra las injerencias fascistas
Queridos amigos:
Los continuos ataques del gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, a la autonomía universitaria, ataques centrados en la persona del rector de la Universidad Complutense, el profesor Carlos Berzosa, merecen una respuesta contundente por parte de todos. En el trasfondo de estos ataques figuran, como no podía ser de otro modo, los intentos de acallar las voces que reclaman dignidad y justicia de las víctimas del franquismo. La paradoja surrealista que un país como éste da lugar a sentar en el banquillo al juez que ha osado denunciar y acusado los crímenes franquistas, como antes hizo con los crímenes perpetrados por los dictadores argentinos o chilenos, paradoja según la cual los asesinos acusan a sus víctimas, ha sido refutada por la universidad pública en un acto donde se han dicho las verdades objeto de la razón dialéctica y de la lógica histórica.
La derecha española no acepta que, tras 74 años del golpe de estado que culminó en una cruenta y obscura dictadura de cuatro décadas y una transición que sembró un manto de olvido y de silencio a la ignominia de las decenas de miles de desaparecidos, asesinados, presos y exonerados, muchas de esas víctimas sobrevivientes y sus familiares y gentes que no soportamos más la vesania de tanta amnesia alcen por fin la voz para reclamar lo que nunca hubo en más de siete décadas: justicia y dignidad.
Los continuos ataques del gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, a la autonomía universitaria, ataques centrados en la persona del rector de la Universidad Complutense, el profesor Carlos Berzosa, merecen una respuesta contundente por parte de todos. En el trasfondo de estos ataques figuran, como no podía ser de otro modo, los intentos de acallar las voces que reclaman dignidad y justicia de las víctimas del franquismo. La paradoja surrealista que un país como éste da lugar a sentar en el banquillo al juez que ha osado denunciar y acusado los crímenes franquistas, como antes hizo con los crímenes perpetrados por los dictadores argentinos o chilenos, paradoja según la cual los asesinos acusan a sus víctimas, ha sido refutada por la universidad pública en un acto donde se han dicho las verdades objeto de la razón dialéctica y de la lógica histórica.
La derecha española no acepta que, tras 74 años del golpe de estado que culminó en una cruenta y obscura dictadura de cuatro décadas y una transición que sembró un manto de olvido y de silencio a la ignominia de las decenas de miles de desaparecidos, asesinados, presos y exonerados, muchas de esas víctimas sobrevivientes y sus familiares y gentes que no soportamos más la vesania de tanta amnesia alcen por fin la voz para reclamar lo que nunca hubo en más de siete décadas: justicia y dignidad.
El juez Baltasar Garzón ha roto esta deriva de olvido y silencio, y la universidad pública, la Complutense de Madrid primero, la de Barcelona después, ha expuesto los argumentos históricos, filosóficos, políticos, dialécticos propios de una institución generadora de pensamiento y de conocimiento, por los cuales la impostura ante una legalidad democrática como era el gobierno de la II República española y la sevicia cometida contra miles y miles de personas no puede continuar su trayectoria de impunidad.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense ha emitido un comunicado denunciando los ataques del gobierno de la Comunidad de Madrid y de todo un sector de la derecha española y de sus medios de comunicación, y defendiendo la autonomía universitaria.
Cualquiera puede suscribir este comunicado, sea o no miembro de la comunidad universitaria. Es importante alzar la voz contra esta injerencia. La Universidad debe continuar cumpliendo su papel de denuncia frente al silencio y la injusticia, esta vez por la dignidad de las víctimas del franquismo, que es la dignidad de todos, en el ejercicio de su autonomía.
http://www.ucm.es/pags.php?a=servicios&d=firmas.php
lunes, 10 de mayo de 2010
Egunkaria absuelto, Egunkaria libre
EGUNKARIA ABSUELTO, EGUNKARIA LIBRE
ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA
Martes 11 de mayo, 20,30h en el nuevo Patio (c/ Pez 21)
Con la participación de Martxelo Otamendi, ex – director del periódico yuno de los encausados absueltos.(habrá comida y bebida para tomar)
Plataforma de Madrid en apoyo a Egunkaria
madridegunkaria@nodo50.org
http://www.nodo50.org/madridegunkaria
Nota: El mismo martes 11, a las 13h, en la facultad de CC. Políticas de laUniversidad Complutense habrá un acto informativo sobre Egunkaria.
Y a las 17 h. del mismo día, Martxelo Otamendi participará en un chat en el diario Público.
jueves, 6 de mayo de 2010
Fin del discurso único de las industrias en tema de copyright
Hoy se presenta en Bruselas “Copyright for Creativity“.
Una alianza sin precedentes a nivel europeo que incluye a proveedores de Internet, profesionales del management artístico, consumidores, bibliotecas y representantes de la sociedad civil presentará hoy en Bruselas una declaración que pide mayor visión de futuro en las legislaciones sobre copyright y una mayor apuesta por los nuevos modelos económicos y de remuneración de la comunidad creativa.
“Copyright for Creativity” – así se llama la Declaración que incluye ejemplos prácticos – está firmada por organizaciones como el International Music Managers’ Forum (IMMF) y The Computer and Communications Industry Association de la que es también miembro Microsoft.
http://www.copyright4creativity.eu/
En España la iniciativa es apoyada por el FcForum.
[Leer +]
Una alianza sin precedentes a nivel europeo que incluye a proveedores de Internet, profesionales del management artístico, consumidores, bibliotecas y representantes de la sociedad civil presentará hoy en Bruselas una declaración que pide mayor visión de futuro en las legislaciones sobre copyright y una mayor apuesta por los nuevos modelos económicos y de remuneración de la comunidad creativa.
“Copyright for Creativity” – así se llama la Declaración que incluye ejemplos prácticos – está firmada por organizaciones como el International Music Managers’ Forum (IMMF) y The Computer and Communications Industry Association de la que es también miembro Microsoft.
http://www.copyright4creativity.eu/
En España la iniciativa es apoyada por el FcForum.
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viernes, 30 de abril de 2010
CEDRO, el canon por préstamo bibliotecario y el cuento de la lechera
Ramón Salaberria*
Vaya por dónde: CEDRO también está en crisis. En 2009 recaudó un 41% menos que el año anterior. La recaudación del canon por préstamo bibliotecario, aquello por lo que estaban dispuestos a dejarse el pellejo, les supone un 1´2% del total recaudado. Además, la Comisión Nacional de la Competencia ha publicado un duro informe sobre las entidades de gestión de derechos de autor en España. Y los ayuntamientos, de los que fundamentalmente depende la recaudación por el préstamo bibliotecario, evaporado el sólido valor del ladrillo, están a dos velas. Y crece la irritación social ante una avalancha de cánones propulsados por las grandes empresas del disco y la edición, las que crearon CEDRO y otras. Además de la irritación, también crece la organización ante el uso y abuso de los cánones.
Recaudación
Los últimos días de febrero CEDRO resumía el año 2009 en “2.000 socios más y un 41% menos de recaudación” (1). La recaudación de CEDRO se basa casi exclusivamente en el canon por copia privada (fotocopias). Y el último cambio de regulación del canon por copia privada aprobado por el Gobierno en 2008 supuso una bajada de las tarifas.
CEDRO ya ha anunciado que cierra la revista que desde 2007 venía publicando con distintas periodicidades y formatos y que, en fin, su drástica caída tendrá su reflejo “tanto en las cantidades que autores y editores recibirán de nuestra Entidad en el reparto anual de derechos como en las ayudas sociales y en la actividad de formación y promoción que llevamos a cabo en colaboración con las asociaciones de autores y editores” (2).
En 2009 CEDRO recaudó 24´46 millones de euros. De ellos, 22 millones provinieron del canon por copia privada. Del canon por préstamo público, unos 280.000 euros.
Reparto del botín bibliotecario
El 24 de noviembre pasado CEDRO repartió el botín correspondiente al canon por préstamo bibliotecario en 2007. La cantidad recaudada, 1´32 millones de euros, procedía del pago que el Ministerio de Cultura hizo a principios de 2008 por los préstamos de 2007, y por los aportados por alguna otra administración (Gobierno Foral de Navarra) o institución (Fundación Germán Sánchez Ruipérez). De esa cantidad había que descontar las cantidades para los autores de obras musicales, audiovisuales y plásticas, que CEDRO liquidó a sus entidades de gestión, SGAE, DAMA y VEGAP.
De los 974.000 euros que correpondían a autores de obras escritas, el 10´14% se destinó a los gastos de gestión, el 20% a financiar la función asistencial de CEDRO para autores, y un 30% se reservó “como provisión para atender posibles reclamaciones de derechos de autores no identificados por CEDRO”.
El resto, 490.000 euros, es el que se distribuyó entre 21.688 escritores y traductores de España y de otros países (9.800 autores representados por la entidad británica Authors' Licensing and Collecting Society y la francesa SOFIA). Es decir, una media de 22'6 euros anuales por autor; es decir, una media de 1'88 euros mensuales por autor. (La media es sólo una orientación dado que cada autor percibe en función del número de préstamos de sus obras. Unos pocos que recibirán unos miles de euros y una nutrida legión que no cobrará cinco euros al año. En la SGAE, unos 600 titulares -el 1´7% del total de titulares beneficiarios- concentran el 75% de lo que se reparte).
CEDRO ha informado (3) que se basó en la “información detallada de obras prestadas y cantidad de préstamos del año 2007 que ha obtenido de las consejerías de Cultura de 11 Comunidades Autónomas en el último trimestre del 2008 y durante el 2009”.
La ley del Libro, la Lectura y las Bibliotecas establece que son las administraciones titulares de las bibliotecas de los municipios con más de 5.000 habitantes las obligadas a pagar un canon por préstamo de libros, 20 céntimos de euro por cada obra adquirida con destino a préstamo.
Pero también la ley establece que el Real Decreto que ha de regular este canon debió publicarse en 2008, lo que no ha sucedido. Muchas administraciones han expresado, de palabra y hecho, que hasta que eso no suceda no están obligadas a pagar.
En 2009 la recaudación ha sido menor que en 2008. Si entonces pudieron repartir 1'88 euros mensuales en promedio a cada autor, en 2009 sólo 1´07 euros. Si el primer año pudieron repartir 490.000 euros, en el segundo sólo 280.000 euros. Una ruina.
Durante 2009 sólo pagaron el canon el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Navarra (las bibliotecas dependen del gobierno foral), la Comunidad de Madrid (por los préstamos efectuados en bibliotecas públicas dependientes de la administración autonómica) y Aragón y Murcia, que han asumido el pago en nombre de los ayuntamientos “como gesto de voluntad política” (sic y recontrasic). Y es que de la cantidad a pagar por los préstamos efectuados en 2007 se hizo cargo el Ministerio de Cultura (por eso de ser el primer año, la confusión existente, bla bla bla). La cantidad por los préstamos de 2008 se quería que lo asumieran las administraciones autonómicas. Pero llegó la crisis y mandó parar.
Un caso de esta situación es la que presentaba el periódico Levante, bajo el título de “El canon por el préstamo de libros pasa de largo en la Comunitat Valenciana” (4). La Dirección General del Libro de la Conselleria de Cultura había calculado los importes a pagar y cuando iba a tramitar el pago se encontró con que Intervención de Economía lo bloqueaba. ¿Qué pasó? Ningún precepto legal ni administrativo dice que la Generalitat ha de acoger ese pago, que corresponde a los municipios.
¿Qué quiere CEDRO? Magdalena Vinent, su directora general, compareció el 20 de enero ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso de Diputados y solicitó una “nueva regulación de la remuneración por préstamo público para que este derecho sea efectivo y la compensación alcance una cuantía digna”. Esto, ya en corto, se traduce en que sea el Ministerio que dirige González-Sinde quien pague el canon. Es el deseo de CEDRO, que les entreguen la bolsa ya llena, de una sóla tacada, sin tener que ir microgestionando ayuntamiento por ayuntamiento. Y si eso no es posible, se intenta abrir la puerta a “convenios y mecanismos de cooperación” para facilitar los trámites. Ya lo dijo Pavese, trabajar cansa.
Así, el borrador del Real Decreto que ha de regular la remuneración por el préstamo, elaborado por el Grupo de Trabajo de Normalización (Ministerio de Cultura y Comunidades Autónomas) y entregado al pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (Valladolid, febrero de 2010), en su artículo 9 (“Mecanismos de colaboración”), apartado 1, señala: “Sin perjuicio de otros mecanismos de colaboración, en el marco del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán colaborar para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afecten a establecimientos de titularidad pública. A estos efectos, la Federación Española de Municipios y Provincias tendrá la consideración de entidad colaboradora del Ministerio de Cultura”. Como si, con la que está cayendo, no tuviera otra cosa que hacer más que pasar los recibos de CEDRO.
Demoledor informe
El 19 de enero la Comisión Nacional de la Competencia presentó un demoledor informe, de casi cien páginas, sobre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual en España, donde subraya que las entidades de gestión ejercitan derechos en representación de otros (los autores) “por cesión voluntaria o mandato legal” y que lo hacen desde una “posición monopolítica” –la SGAE, en el caso de la música, CEDRO con los libros-, que crea distorsiones y “facilita el establecimiento de tarifas inequitativas o discriminatorias”. Todo ello amparado en la actual ley de Propiedad Intelectual y la connivencia de muchos grupos políticos.
Al día siguiente, los abogados Pedro Bravo y Javier de la Cueva redactaron una denuncia contra el Estado español por el monopolio de las entidades de gestión y la pusieron a disposición de la ciudadanía que quiera sumarse a su interposición. En los cinco primeros días se descargaron 20.000 solicitudes por parte de ciudadanos.
Usted, lectora, lector de Educación y Biblioteca, si todavía no lo ha hecho, no se corte. Descargue la plantilla de la denuncia en, por ejemplo, http://noalprestamodepago.org y tras rellenarla dé un paseo hasta la oficina de Correo más cercana. Su denuncia sólo le costará 2´49 euros - el importe del franqueo del correo certificado- y caminará más ligero.
Vaya por dónde: CEDRO también está en crisis. En 2009 recaudó un 41% menos que el año anterior. La recaudación del canon por préstamo bibliotecario, aquello por lo que estaban dispuestos a dejarse el pellejo, les supone un 1´2% del total recaudado. Además, la Comisión Nacional de la Competencia ha publicado un duro informe sobre las entidades de gestión de derechos de autor en España. Y los ayuntamientos, de los que fundamentalmente depende la recaudación por el préstamo bibliotecario, evaporado el sólido valor del ladrillo, están a dos velas. Y crece la irritación social ante una avalancha de cánones propulsados por las grandes empresas del disco y la edición, las que crearon CEDRO y otras. Además de la irritación, también crece la organización ante el uso y abuso de los cánones.
Recaudación
Los últimos días de febrero CEDRO resumía el año 2009 en “2.000 socios más y un 41% menos de recaudación” (1). La recaudación de CEDRO se basa casi exclusivamente en el canon por copia privada (fotocopias). Y el último cambio de regulación del canon por copia privada aprobado por el Gobierno en 2008 supuso una bajada de las tarifas.
CEDRO ya ha anunciado que cierra la revista que desde 2007 venía publicando con distintas periodicidades y formatos y que, en fin, su drástica caída tendrá su reflejo “tanto en las cantidades que autores y editores recibirán de nuestra Entidad en el reparto anual de derechos como en las ayudas sociales y en la actividad de formación y promoción que llevamos a cabo en colaboración con las asociaciones de autores y editores” (2).
En 2009 CEDRO recaudó 24´46 millones de euros. De ellos, 22 millones provinieron del canon por copia privada. Del canon por préstamo público, unos 280.000 euros.
Reparto del botín bibliotecario
El 24 de noviembre pasado CEDRO repartió el botín correspondiente al canon por préstamo bibliotecario en 2007. La cantidad recaudada, 1´32 millones de euros, procedía del pago que el Ministerio de Cultura hizo a principios de 2008 por los préstamos de 2007, y por los aportados por alguna otra administración (Gobierno Foral de Navarra) o institución (Fundación Germán Sánchez Ruipérez). De esa cantidad había que descontar las cantidades para los autores de obras musicales, audiovisuales y plásticas, que CEDRO liquidó a sus entidades de gestión, SGAE, DAMA y VEGAP.
De los 974.000 euros que correpondían a autores de obras escritas, el 10´14% se destinó a los gastos de gestión, el 20% a financiar la función asistencial de CEDRO para autores, y un 30% se reservó “como provisión para atender posibles reclamaciones de derechos de autores no identificados por CEDRO”.
El resto, 490.000 euros, es el que se distribuyó entre 21.688 escritores y traductores de España y de otros países (9.800 autores representados por la entidad británica Authors' Licensing and Collecting Society y la francesa SOFIA). Es decir, una media de 22'6 euros anuales por autor; es decir, una media de 1'88 euros mensuales por autor. (La media es sólo una orientación dado que cada autor percibe en función del número de préstamos de sus obras. Unos pocos que recibirán unos miles de euros y una nutrida legión que no cobrará cinco euros al año. En la SGAE, unos 600 titulares -el 1´7% del total de titulares beneficiarios- concentran el 75% de lo que se reparte).
CEDRO ha informado (3) que se basó en la “información detallada de obras prestadas y cantidad de préstamos del año 2007 que ha obtenido de las consejerías de Cultura de 11 Comunidades Autónomas en el último trimestre del 2008 y durante el 2009”.
La ley del Libro, la Lectura y las Bibliotecas establece que son las administraciones titulares de las bibliotecas de los municipios con más de 5.000 habitantes las obligadas a pagar un canon por préstamo de libros, 20 céntimos de euro por cada obra adquirida con destino a préstamo.
Pero también la ley establece que el Real Decreto que ha de regular este canon debió publicarse en 2008, lo que no ha sucedido. Muchas administraciones han expresado, de palabra y hecho, que hasta que eso no suceda no están obligadas a pagar.
En 2009 la recaudación ha sido menor que en 2008. Si entonces pudieron repartir 1'88 euros mensuales en promedio a cada autor, en 2009 sólo 1´07 euros. Si el primer año pudieron repartir 490.000 euros, en el segundo sólo 280.000 euros. Una ruina.
Durante 2009 sólo pagaron el canon el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Navarra (las bibliotecas dependen del gobierno foral), la Comunidad de Madrid (por los préstamos efectuados en bibliotecas públicas dependientes de la administración autonómica) y Aragón y Murcia, que han asumido el pago en nombre de los ayuntamientos “como gesto de voluntad política” (sic y recontrasic). Y es que de la cantidad a pagar por los préstamos efectuados en 2007 se hizo cargo el Ministerio de Cultura (por eso de ser el primer año, la confusión existente, bla bla bla). La cantidad por los préstamos de 2008 se quería que lo asumieran las administraciones autonómicas. Pero llegó la crisis y mandó parar.
Un caso de esta situación es la que presentaba el periódico Levante, bajo el título de “El canon por el préstamo de libros pasa de largo en la Comunitat Valenciana” (4). La Dirección General del Libro de la Conselleria de Cultura había calculado los importes a pagar y cuando iba a tramitar el pago se encontró con que Intervención de Economía lo bloqueaba. ¿Qué pasó? Ningún precepto legal ni administrativo dice que la Generalitat ha de acoger ese pago, que corresponde a los municipios.
¿Qué quiere CEDRO? Magdalena Vinent, su directora general, compareció el 20 de enero ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso de Diputados y solicitó una “nueva regulación de la remuneración por préstamo público para que este derecho sea efectivo y la compensación alcance una cuantía digna”. Esto, ya en corto, se traduce en que sea el Ministerio que dirige González-Sinde quien pague el canon. Es el deseo de CEDRO, que les entreguen la bolsa ya llena, de una sóla tacada, sin tener que ir microgestionando ayuntamiento por ayuntamiento. Y si eso no es posible, se intenta abrir la puerta a “convenios y mecanismos de cooperación” para facilitar los trámites. Ya lo dijo Pavese, trabajar cansa.
Así, el borrador del Real Decreto que ha de regular la remuneración por el préstamo, elaborado por el Grupo de Trabajo de Normalización (Ministerio de Cultura y Comunidades Autónomas) y entregado al pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (Valladolid, febrero de 2010), en su artículo 9 (“Mecanismos de colaboración”), apartado 1, señala: “Sin perjuicio de otros mecanismos de colaboración, en el marco del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán colaborar para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afecten a establecimientos de titularidad pública. A estos efectos, la Federación Española de Municipios y Provincias tendrá la consideración de entidad colaboradora del Ministerio de Cultura”. Como si, con la que está cayendo, no tuviera otra cosa que hacer más que pasar los recibos de CEDRO.
Demoledor informe
El 19 de enero la Comisión Nacional de la Competencia presentó un demoledor informe, de casi cien páginas, sobre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual en España, donde subraya que las entidades de gestión ejercitan derechos en representación de otros (los autores) “por cesión voluntaria o mandato legal” y que lo hacen desde una “posición monopolítica” –la SGAE, en el caso de la música, CEDRO con los libros-, que crea distorsiones y “facilita el establecimiento de tarifas inequitativas o discriminatorias”. Todo ello amparado en la actual ley de Propiedad Intelectual y la connivencia de muchos grupos políticos.
Al día siguiente, los abogados Pedro Bravo y Javier de la Cueva redactaron una denuncia contra el Estado español por el monopolio de las entidades de gestión y la pusieron a disposición de la ciudadanía que quiera sumarse a su interposición. En los cinco primeros días se descargaron 20.000 solicitudes por parte de ciudadanos.
Usted, lectora, lector de Educación y Biblioteca, si todavía no lo ha hecho, no se corte. Descargue la plantilla de la denuncia en, por ejemplo, http://noalprestamodepago.org y tras rellenarla dé un paseo hasta la oficina de Correo más cercana. Su denuncia sólo le costará 2´49 euros - el importe del franqueo del correo certificado- y caminará más ligero.
Notas:
(1) Las cifras de CEDRO en el 2009: más socios, menos recaudación. Madrid, 22 de febrero 2010.
http://www.cedro.org/cedroinforma.asp?IDC=2778
(2) MOLLÁ, J.; Autores y editores en la sociedad del conocimiento: nuestro boletín dice hasta luego, Boletín informativo de CEDRO, n. 69, sept.-dic. 2009, p. 3.
(3) Los autores reciben por primera vez derechos de autor por el préstamo de sus libros en bibliotecas españolas, Boletín informativo de CEDRO, n. 69, sept.-dic. 2009, p. 9.
(4) GARCIA, A.: El canon por el préstamo de libros pasa de largo en la Comunitat Valenciana, Levante, 5 enero 2010.
(*) Ramón Salaberria Lizarazu es el ganador del I Premio de Ensayo "Teresa Andrés" por su obra "Autodidactas en bibliotecas". A juicio del jurado, el ensayo trata sobre un tema de gran interés: el aspecto educativo de la profesión bibliotecaria, centrándose, además, en una manera especial de aprender, el autodidactismo, para la que las bibliotecas parecen especialmente diseñadas.
martes, 27 de abril de 2010
¿Reconocimiento social sin compromiso social?
Pedro López López
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense. Fundador del Colectivo de Docentes de Información y Documentación por el Compromiso Social
[Publicado en Educación y Biblioteca, nº 176, marzo/abril 2010, pp. 36-37]
Una de las quejas más extendidas en las profesiones del ámbito de Biblioteconomía y Documentación es, sin duda, aquella que se refiere a su escaso reconocimiento social. Desde mi punto de vista, nos encontramos ante una queja que tiene su razón de ser, pero que a menudo es formulada por aquellos que muy frecuentemente dan la espalda a problemas sociales que requieren compromiso social. En mi opinión, sin compromiso social no puede exigirse reconocimiento por parte de la sociedad.
Un sector de nuestros profesionales considera de muy mal gusto pronunciarse sobre problemas sociales y cuestiones políticas. Bajo su perspectiva, una cuestión como la condena del golpe de estado perpetrado en Honduras en junio de 2009, no es competencia de los profesionales. Intervenir como profesionales en un debate como el de la llamada recuperación de la memoria histórica ya cae a años luz de sus planteamientos pretendidamente asépticos. Reivindicar la República Española y condenar el golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura criminal que dejó ciento y pico mil muertos en las cunetas y miles de niños robados, según está ya sobradamente documentado (y todo esto es una cuestión más actual de lo que parece a primera vista)… eso ya debería ser motivo para retirar el título a cualquier profesional, según los que creen ser neutrales.
Pero, entonces, si cuestiones de esta relevancia política y social, nos son ajenas, ¿qué reconocimiento puede pedirse a la sociedad? Si no hay compromiso con la democracia y los derechos humanos, ¿qué fuerza moral hay para pedir reconocimiento social?
En el mundo del que formo parte, la universidad, un sector no desdeñable del profesorado tiene un total desinterés por asuntos sociales y políticos, y no ve en absoluto la necesidad de que estos asuntos (responsabilidad social, promoción de los derechos humanos y los valores democráticos, ética…) se integren en la formación de los futuros profesionales. Cuando se programan actividades en una facultad, tampoco ve con buenos ojos que puedan rebasar el marco académico y profesional (un marco bien concreto y ceñido a cuestiones técnicas y gerenciales), desvinculándolo totalmente de todo aquello que pueda ser percibido como “político”. Pero esto hace que la asistencia a actos que son abiertos a todo el que quiera asistir, sea con frecuencia reducida y haya que “cazar a lazo” a alumnos, profesorado o incluso personal administrativo para no dar una imagen demasiado pobre del centro cuando hay una conferencia con ponente invitado, una mesa redonda o una presentación de libro. Los temas estrella son excesivamente técnicos y centrados en tareas que sólo pueden interesar a especialistas: metadatos, catalogación de materiales especiales, gestión de unidades de información… ¿cómo se quiere atraer la asistencia de personas ajenas a este mundo?
El sector que más se queja de la falta de reconocimiento es el que más limita la proyección social al intentar boicotear con su actitud cada vez que muchos de nosotros organizamos algún acto o publicamos una reflexión sobre asuntos como compromiso con los servicios públicos, abusos de la legislación en materia de propiedad intelectual, fomento de los valores democráticos y los derechos humanos, etc. Todo eso, para este sector, es visto con un desprecio que refleja una preocupante cortedad de miras intelectual y social.
Precisamente para combatir esta especie de fobia al compromiso social decidimos en noviembre de 2008 crear el Colectivo de Docentes de Información y Documentación por el Compromiso Social a partir de un manifiesto en el que los integrantes (en la actualidad, más de ochenta, tanto de España como de Portugal y de varios países latinoamericanos) declaramos que las enseñanzas de Información y Documentación “necesitan reforzar aspectos relacionados con el pensamiento social y con el compromiso democrático”. No inventamos la rueda con ello, sino que nos atenemos a directrices reflejadas en documentos de la UNESCO, el Consejo de Europa e incluso de la IFLA. Por mencionar un documento bastante reciente, y no citado, por tanto, en el manifiesto, en julio de 2009 la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior terminó con un comunicado que señalaba (punto 3) que "la educación superior debe no sólo proporcionar habilidades”… sino también promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, y contribuir a la educación de un ciudadano comprometido con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia". El manifiesto firmado por los integrantes del colectivo sólo intenta recordar las obligaciones que tiene la universidad, y nos compromete a tratar en nuestra docencia temas y aspectos relacionados con las cuestiones y los valores que destacan el compromiso social de las titulaciones del ámbito de Biblioteconomía y Documentación, fomentar la investigación sobre estos temas y, “en definitiva, impulsar la conciencia social y el compromiso democrático de los futuros profesionales de la información y la documentación”.
Quizás convenga recordar que los más grandes científicos (puede servir para cotejar este dato la lista de premios Nobel) normalmente han sido personas comprometidas con la sociedad de su tiempo, con posiciones políticas significadas. Y, por referirme a nuestro área, es conocido que los considerados padres de la Documentación, Otlet y La Fontaine, fueron personalidades comprometidas con el pacifismo en su tiempo. La Fontaine llegó a ser senador socialista y a conseguir el Premio Nobel de la Paz. Otlet fue igualmente un destacado pacifista. A ninguno de los dos se le podría haber pasado por la cabeza que fuera posible que la mayoría de un órgano colegiado (una junta) de un centro universitario de su área de conocimiento considerara que era impertinente identificarse con el “No a la guerra” que la inmensa mayoría de la sociedad española y mundial reclamaba en 2003 ante la inminente ocupación ilegal y criminal de Iraq. Como puede suponer el lector, hablo con conocimiento de causa. Si desde el mundo universitario, desde el mundo de la cultura, no se está contra la guerra como método de resolución de conflictos, si la universidad en momentos así renuncia a estar con la ciudadanía, ¿qué reconocimiento cabe esperar de ésta?
Y para la fobia a “lo político” que tienen algunos colegas (que, por mucho que se empeñen, nunca conseguirán ser “apolíticos”), conviene refrescar que el autor del primer manual de Biblioteconomía, el francés Gabriel Naudé, era un bibliotecario político que además acuñó una expresión tan sumamente política como “golpe de estado” (ver artículo de Felipe Meneses en el enlace http://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=449). Naudé concebía la biblioteca como un servicio para el ejercicio público de la razón, es decir, lo que posteriormente vino a llamarse “espacio público”, elemento indispensable para el ejercicio de la democracia desde el punto de vista liberal (nada que ver con el punto de vista neoliberal, que sólo quiere espacios de consumo para consumidores y aborrece sobremanera de espacios y personas que pueden ser calificados de “ciudadanos”).
Es conocida la anécdota del libro censurado al cineasta Michael Moore en 2001, tras el ataque a las torres gemelas de Nueva York. Ante la censura que la editorial pretendió sobre el libro, un foro de bibliotecarios protestó por el hecho e inundó de cartas a la editorial. La editorial tuvo que rectificar y dejar que Estúpidos hombres blancos se publicara tal y como había sido escrito. Ésta es una actuación modélica en pro de los derechos civiles y del compromiso social y político, una actuación que deja una huella de reconocimiento en la sociedad, que puede ver que los bibliotecarios “sirven” socialmente para algo, no sólo para estar en sus cubículos realizando con la mayor perfección sus tareas técnicas. Hay cosas más importantes que cumplimentar escrupulosamente tareas técnicas, y con ello no estoy diciendo que esto no sea necesario.
No quiero terminar sin un reconocimiento explícito de la importancia que Educación y Biblioteca ha dado al compromiso social de los bibliotecarios y archiveros, apoyando causas como las de la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas, la reivindicación del impulso de la República de 1931 a las bibliotecas y a la educación y otras que reflejan una ejemplar actitud cívica.
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense. Fundador del Colectivo de Docentes de Información y Documentación por el Compromiso Social
[Publicado en Educación y Biblioteca, nº 176, marzo/abril 2010, pp. 36-37]
Una de las quejas más extendidas en las profesiones del ámbito de Biblioteconomía y Documentación es, sin duda, aquella que se refiere a su escaso reconocimiento social. Desde mi punto de vista, nos encontramos ante una queja que tiene su razón de ser, pero que a menudo es formulada por aquellos que muy frecuentemente dan la espalda a problemas sociales que requieren compromiso social. En mi opinión, sin compromiso social no puede exigirse reconocimiento por parte de la sociedad.
Un sector de nuestros profesionales considera de muy mal gusto pronunciarse sobre problemas sociales y cuestiones políticas. Bajo su perspectiva, una cuestión como la condena del golpe de estado perpetrado en Honduras en junio de 2009, no es competencia de los profesionales. Intervenir como profesionales en un debate como el de la llamada recuperación de la memoria histórica ya cae a años luz de sus planteamientos pretendidamente asépticos. Reivindicar la República Española y condenar el golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura criminal que dejó ciento y pico mil muertos en las cunetas y miles de niños robados, según está ya sobradamente documentado (y todo esto es una cuestión más actual de lo que parece a primera vista)… eso ya debería ser motivo para retirar el título a cualquier profesional, según los que creen ser neutrales.
Pero, entonces, si cuestiones de esta relevancia política y social, nos son ajenas, ¿qué reconocimiento puede pedirse a la sociedad? Si no hay compromiso con la democracia y los derechos humanos, ¿qué fuerza moral hay para pedir reconocimiento social?
En el mundo del que formo parte, la universidad, un sector no desdeñable del profesorado tiene un total desinterés por asuntos sociales y políticos, y no ve en absoluto la necesidad de que estos asuntos (responsabilidad social, promoción de los derechos humanos y los valores democráticos, ética…) se integren en la formación de los futuros profesionales. Cuando se programan actividades en una facultad, tampoco ve con buenos ojos que puedan rebasar el marco académico y profesional (un marco bien concreto y ceñido a cuestiones técnicas y gerenciales), desvinculándolo totalmente de todo aquello que pueda ser percibido como “político”. Pero esto hace que la asistencia a actos que son abiertos a todo el que quiera asistir, sea con frecuencia reducida y haya que “cazar a lazo” a alumnos, profesorado o incluso personal administrativo para no dar una imagen demasiado pobre del centro cuando hay una conferencia con ponente invitado, una mesa redonda o una presentación de libro. Los temas estrella son excesivamente técnicos y centrados en tareas que sólo pueden interesar a especialistas: metadatos, catalogación de materiales especiales, gestión de unidades de información… ¿cómo se quiere atraer la asistencia de personas ajenas a este mundo?
El sector que más se queja de la falta de reconocimiento es el que más limita la proyección social al intentar boicotear con su actitud cada vez que muchos de nosotros organizamos algún acto o publicamos una reflexión sobre asuntos como compromiso con los servicios públicos, abusos de la legislación en materia de propiedad intelectual, fomento de los valores democráticos y los derechos humanos, etc. Todo eso, para este sector, es visto con un desprecio que refleja una preocupante cortedad de miras intelectual y social.
Precisamente para combatir esta especie de fobia al compromiso social decidimos en noviembre de 2008 crear el Colectivo de Docentes de Información y Documentación por el Compromiso Social a partir de un manifiesto en el que los integrantes (en la actualidad, más de ochenta, tanto de España como de Portugal y de varios países latinoamericanos) declaramos que las enseñanzas de Información y Documentación “necesitan reforzar aspectos relacionados con el pensamiento social y con el compromiso democrático”. No inventamos la rueda con ello, sino que nos atenemos a directrices reflejadas en documentos de la UNESCO, el Consejo de Europa e incluso de la IFLA. Por mencionar un documento bastante reciente, y no citado, por tanto, en el manifiesto, en julio de 2009 la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior terminó con un comunicado que señalaba (punto 3) que "la educación superior debe no sólo proporcionar habilidades”… sino también promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, y contribuir a la educación de un ciudadano comprometido con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia". El manifiesto firmado por los integrantes del colectivo sólo intenta recordar las obligaciones que tiene la universidad, y nos compromete a tratar en nuestra docencia temas y aspectos relacionados con las cuestiones y los valores que destacan el compromiso social de las titulaciones del ámbito de Biblioteconomía y Documentación, fomentar la investigación sobre estos temas y, “en definitiva, impulsar la conciencia social y el compromiso democrático de los futuros profesionales de la información y la documentación”.
Quizás convenga recordar que los más grandes científicos (puede servir para cotejar este dato la lista de premios Nobel) normalmente han sido personas comprometidas con la sociedad de su tiempo, con posiciones políticas significadas. Y, por referirme a nuestro área, es conocido que los considerados padres de la Documentación, Otlet y La Fontaine, fueron personalidades comprometidas con el pacifismo en su tiempo. La Fontaine llegó a ser senador socialista y a conseguir el Premio Nobel de la Paz. Otlet fue igualmente un destacado pacifista. A ninguno de los dos se le podría haber pasado por la cabeza que fuera posible que la mayoría de un órgano colegiado (una junta) de un centro universitario de su área de conocimiento considerara que era impertinente identificarse con el “No a la guerra” que la inmensa mayoría de la sociedad española y mundial reclamaba en 2003 ante la inminente ocupación ilegal y criminal de Iraq. Como puede suponer el lector, hablo con conocimiento de causa. Si desde el mundo universitario, desde el mundo de la cultura, no se está contra la guerra como método de resolución de conflictos, si la universidad en momentos así renuncia a estar con la ciudadanía, ¿qué reconocimiento cabe esperar de ésta?
Y para la fobia a “lo político” que tienen algunos colegas (que, por mucho que se empeñen, nunca conseguirán ser “apolíticos”), conviene refrescar que el autor del primer manual de Biblioteconomía, el francés Gabriel Naudé, era un bibliotecario político que además acuñó una expresión tan sumamente política como “golpe de estado” (ver artículo de Felipe Meneses en el enlace http://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=449). Naudé concebía la biblioteca como un servicio para el ejercicio público de la razón, es decir, lo que posteriormente vino a llamarse “espacio público”, elemento indispensable para el ejercicio de la democracia desde el punto de vista liberal (nada que ver con el punto de vista neoliberal, que sólo quiere espacios de consumo para consumidores y aborrece sobremanera de espacios y personas que pueden ser calificados de “ciudadanos”).
Es conocida la anécdota del libro censurado al cineasta Michael Moore en 2001, tras el ataque a las torres gemelas de Nueva York. Ante la censura que la editorial pretendió sobre el libro, un foro de bibliotecarios protestó por el hecho e inundó de cartas a la editorial. La editorial tuvo que rectificar y dejar que Estúpidos hombres blancos se publicara tal y como había sido escrito. Ésta es una actuación modélica en pro de los derechos civiles y del compromiso social y político, una actuación que deja una huella de reconocimiento en la sociedad, que puede ver que los bibliotecarios “sirven” socialmente para algo, no sólo para estar en sus cubículos realizando con la mayor perfección sus tareas técnicas. Hay cosas más importantes que cumplimentar escrupulosamente tareas técnicas, y con ello no estoy diciendo que esto no sea necesario.
No quiero terminar sin un reconocimiento explícito de la importancia que Educación y Biblioteca ha dado al compromiso social de los bibliotecarios y archiveros, apoyando causas como las de la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas, la reivindicación del impulso de la República de 1931 a las bibliotecas y a la educación y otras que reflejan una ejemplar actitud cívica.
viernes, 23 de abril de 2010
30 años de Biblioteca Municipal, 30 años de bibliotecario
Hoy se cumplen 30 años de la creación de la Biblioteca Municipal de San Fernando de Henares. Y también se cumplen mis 30 años como bibliotecario.
Sería imposible traer aquí las imágenes y los nombres de tantas usuarias y usuarios que han pasado por la biblioteca en todos estos años.
En Miguel Aranda, el usuario que aparece conmigo en las fotos, quiero simbolizar el agradecimiento a todas las personas que han pasado por la biblioteca y con las que he tenido una buena relación, no solo profesional sino, en muchos casos, de amistad personal.
Estas líneas pretenden ser un homenaje a todos ellos, a los que entraron por primera vez siendo niños y hoy traen a sus hijos y les explican cómo era la biblioteca cuando ellos la pisaron por primera vez y lo que ha mejorado desde entonces. A las parejitas de adolescentes que se conocieron haciendo trabajos para el instituto. También a los que solo iban a meter bronca y poco a poco, o mucho más tarde, fueron entrando a algo mucho más positivo y enriquecedor.
Todos, ellos y yo, hemos aprendido mucho en todos estos años.
Tengo un recuerdo muy grato de casi todas las compañeras y compañeros que han ido pasando por este trabajo. Les mando desde aquí un cariñoso saludo a los que todavía están y a los que lo han ido dejando, unas veces de forma voluntaria y otras obligados por las circunstancias. Y un sentido recuerdo también para Carmelo, un compañero que nos dejó para siempre y al que nunca olvidaremos.
Una de las cosas que más me gustan de este trabajo, lo más gratificante de todo, es la relación con los usuarios, cuando te recuerdan los buenos momentos que han pasado, cómo les ayudabas; algunos incluso te hablan de que les cuidaste, reemplazando quizás a unos padres demasiado ocupados con su trabajo. Da apuro cuando oyes estas cosas, pero sientes que tu trabajo ha valido la pena, que hay mucha gente que lo valora; eso se nota cuando te hablan y saludan por la calle. Percibes que te tratan como a alguien muy cercano para ellos.
En todos estos años ha habido buenos y malos momentos. Mi valoración es, en general, muy positiva, aunque estos últimos años la situación laboral se ha deteriorado considerablemente por razones que no voy a explicar aquí. Aún seguiré trabajando y todo lo que diga podría ser utilizado en mi contra, como se suele decir.
Conozcamos un poco la historia de nuestras bibliotecas.
La primera biblioteca pública municipal que se creó en San Fernando de Henares, se inauguró el 23 de abril de 1980, aunque se abrió al público a primeros de octubre de ese mismo año. Cosas de la política.
Era un antiguo piso piloto de unos 80 m2, sin ningún tipo de separación entre lectores infantiles y adultos; si a esto le añadimos que estaba situada en un parque público, con las ventanas al alcance de la mano de los gamberros de turno, nos podemos imaginar que el trabajo allí no era nada fácil, y los servicios que se ofrecían eran muy limitados. A pesar de estas dificultades, muy pronto se comenzaron a organizar algunas actividades de animación a la lectura y la primera feria del libro en la localidad.
En 1987 la situación en este pequeño local ya era insostenible y la biblioteca se traslada a la primera planta del Centro Cultural Federico García Lorca, muy alejado de la primera ubicación de la biblioteca. En estos nuevos locales la situación cambió mucho con respecto al viejo piso piloto. Aquí contábamos con dos salas independientes para niños y adultos de unos 130 m2 cada una, archivo, despacho, almacén, etc.
En 1991 se reforma totalmente el piso piloto y se abre una biblioteca infantil y juvenil que inaugura el poeta Rafael Alberti que da su nombre a esta nueva biblioteca.
Pero la población de San Fernando de Henares seguía aumentando y se hacía necesario ampliar las instalaciones, por ello se construyeron en 2003 dos nuevas bibliotecas, más grandes, y se cerraron las dos primeras, destinándose estos locales a otros usos culturales y asociativos.
De estas dos bibliotecas, una de ellas, la “Mario Benedetti”, es infantil y juvenil y está ubicada en un centro multifuncional del mismo nombre.
La otra, es la Biblioteca Central “Rafael Alberti”, situada en la Plaza de España. Tiene una superficie de unos 2000 m2, distribuidos en cuatro plantas. La planta sótano cuenta con un archivo-almacén, sala de conferencias, dos salas de estudio para niños y adultos y una sala de proceso técnico para el personal de la biblioteca. En la planta de acceso tenemos un vestíbulo que sirve también como sala de exposiciones y control de la asistencia al edificio, la sala infantil-juvenil y la bebeteca. En la primera planta se encuentra la sala de préstamo de adultos, la hemeroteca y el despacho de dirección. Por último, en la segunda planta, hay una sala de estudio con capacidad para unas 90 plazas, y la sala multimedia con ordenadores para la consulta de Internet.
El edificio cuenta con ascensor y montacargas.
Este edificio supone una gran mejora si lo comparamos con los que hemos tenido anteriormente, sin embargo, en muchos aspectos, y utilizando las propias palabras del arquitecto que la diseñó, “sufrimos el edificio” en vez de disfrutar de sus instalaciones. En estos últimos años se está intentando solucionar alguno de esos problemas, aunque otros tienen difícil solución. Tendremos que confiar en que, finalmente, podamos disfrutar de estas instalaciones. Ha sido un largo camino desde aquél viejo piso piloto de la plaza 1º de mayo y los vecinos y vecinas de nuestro pueblo se merecen una biblioteca con las mejores instalaciones y equipamientos.
Gracias. Nos vemos en la biblioteca.
jueves, 22 de abril de 2010
sábado, 17 de abril de 2010
La Asociación de vecinos “San Fernando de Henares” solicitará la eliminación de barreras en el puente del “moco”
NOTA DE PRENSA
Es el único punto de acceso peatonal que mantiene obstáculos para que los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares puedan acceder cómodamente al Parque del Sureste.
La Asociación de vecinos "San Fernando de Henares" solicitará al Ayuntamiento de San Fernando que realice las gestiones oportunas con la Confederación Hidrológica del Tajo para que permitan un acceso más ancho en el puente que atraviesa el río Jarama junto a la EDAR Casa Quemada más popularmente conocido como “puente del moco”.
El acceso al puente está limitado a ambos lados por unas barreras que impiden que pasen dos personas a la vez, lo que hace que los atletas que vienen sudando, o las bicis tengan que parar a que otros vecinos pasen, creando una espera absurda e innecesaria.
Estas barreras están dispuestas para que no pasen vehículos a motor, pero el gran número de vecinos de San Fernando de Henares que lo utilizan especialmente los fines de semanas, hace que estas barreras hayan quedado obsoletas, pudiendo sustituirse por otros sistemas más modernos que limiten el paso de vehículos a motor.
Estas barreras artificiales hacen desistir a muchos vecinos en su paseo por las zonas medioambientales del municipio y limitan el conocimiento de las confluencias de los ríos Jarama y Henares, así como su flora y fauna.
La solución es sencilla y no es costosa, pero es necesario que alguien promueva este tipo de iniciativas para mejorar la comodidad y disfrute de los paseos y ejercicios físicos en esa zona del municipio.
La Asociación de vecinos "San Fernando de Henares", se creó en 2008, para defender los intereses de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares, ha trabajado intensamente en la solución del problema de riesgo de inundaciones. Nuestra Asociación ha sido la que más propuestas (67%) ha realizado de todos los colectivos y entidades ciudadanas para los Presupuestos de 2010 (86 propuestas de mejora de las 130 del total presentadas).
Asociación de vecinos San Fernando de Henares
Plaza Fernando VI, 11
E-mail: asociacionsfh@hotmail.es
Telf: 91 669 08 22
Fax: 91 669 8777
Móvil: 670412530
jueves, 15 de abril de 2010
El (otro) Tío la Vara
Dices tú del Tío la Vara… pues en Japón, hace muchos años, había uno que se hizo muy popular, tan popular como el de España. A tal punto llegó su fama con la vara que años después sus aventuras justicieras las convirtieron en deporte.
A la vara la llamaron Bo. Y al grupo de diferentes palos, espadas, varas y estacas, y cómo utilizarlas, lo denominaron Kobudo; por ponerle un nombre, digo yo que sería. Cosas de los japoneses.
A la vara la llamaron Bo. Y al grupo de diferentes palos, espadas, varas y estacas, y cómo utilizarlas, lo denominaron Kobudo; por ponerle un nombre, digo yo que sería. Cosas de los japoneses.
miércoles, 14 de abril de 2010
¡Viva la República! La hora de la Unidad
Editorial de LA REPÚBLICA
Las hienas andan sueltas en un régimen que se pudre a la misma velocidad que envejece el monarca que heredó la Jefatura del Estado de Franco. La derecha ha salido de su caverna y al olfatear el olor a muerte ha decidido declarar la guerra a la inteligencia, a la cultura, a la democracia y a la memoria para modelar un nuevo país a su imagen y semejanza. Y parece que lo están consiguiendo. Sólo hay que ver a la justicia sentada en el banquillo, los huesos inmóviles en las cunetas, un genocidio impune, y a la ultraderecha dirigiendo la orquesta de la vergüenza, para darnos cuenta que este país tiene un problema, que será mucho más profundo si no se da una respuesta, si no se produce una ofensiva, un despliegue de quienes quieran devolver a este país la dignidad y la memoria, la cultura y la democracia plena.
No sobra nadie, ninguna persona, ningún colectivo y ninguna organización de todo el ámbito de la izquierda en la ofensiva cultural y política que ha de desplegarse durante los próximos años, no sólo como respuesta al franquismo renacido, sino como alternativa al decadente régimen.
Es la hora de la Unidad, de impulsar un gran movimiento que impregne todos los ámbitos de la sociedad: la cultura, el arte, la educación, la economía, la ciencia, el Derecho, etc.
Poner a la Cultura como eje vertebrador de la unidad, empezar a recuperar la hegemonía cultural en la sociedad, hoy en manos de la derecha, para un día conseguir conquistar la hegemonía política a través de un movimiento popular y cultural transversal que implique a la mayor parte de la ciudadanía y de las organizaciones.
Como generar un gran movimiento por el SI A LA REPÚBLICA que llegue a todos los rincones del Estado es una de las cuestiones a resolver, y por supuesto, la de cómo ir dotando a ese SÍ A LA REPÚBLICA de un contenido político para que la mayor parte de la sociedad la vislumbre como alternativa real al actual régimen.
La Plataforma "Cultura, Progreso y República", impulsada por más de 600 personas y 50 colectivos tratará esta cuestión en la Asamblea del sábado 17 de abril a las 11:00h en el Teatro FÍGARO, abierta a quienes deseen aportar su propuesta para consolidar un gran movimiento en defensa de la Cultura, el Progreso y la Unidad del Movimiento Republicano.
martes, 13 de abril de 2010
Zorionak, Egunkaria!
La Audiencia Nacional española ha absuelto a Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga, Txema Auzmendi, Iñaki Uria y Joan Mari Torrealdai, que fueron juzgados en la causa contra "Egunkaria" pese a que la propia Fiscalía había pedido el archivo del proceso. El fallo pone en cuestión el cierre del diario en euskara y afirma que los procesados y el periódico "no tenían la más mínima relación con ETA".
Sentencia íntegra
Martxelo Otamendi: "Pozik gaude, baina partida ez da oraindik erabat bukatu"
La mayoría de fuerzas políticas pide que se repare el daño causado
12/04/2010 8:54:00
DONOSTIA-. Siete años después de la clausura de "Euskaldunon Egunkaria", la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ha decretado la absolución de Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga, Txema Auzmendi, Iñaki Uria y Joan Mari Torrealdai, que fueron juzgados bajo la acusación de "pertenencia" a ETA pese a que la Fiscalía pidió el archivo del proceso al estimar que no existía vinculación con la organización armada.
Para juzgar a los cinco directivos de "Egunkaria" bastó con las acusaciones de la AVT y DyJ, que reclamaron penas de prisión de entre doce y catorce años para cada uno de ellos.
En diciembre de 2006, la propia Fiscalía pidió el archivo del proceso tras asumir que no estaba acreditado "ni que el periódico sea fuente de financiación de ETA, ni que sea instrumento de blanqueo de capitales ilícitos" procedentes de dicha organización.
"No se ha acreditado que parte alguna del capital social u otros recursos fueran de procedencia ilícita", subraya la Sala, para añadir que "tampoco consta envío o desvío de fondos o activos de clase alguna desde la sociedad editora o el diario a la banda terrorista ETA".
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viernes, 9 de abril de 2010
Represión policial en España
Fuerzas policiales del Ministerio del Interior del régimen del Presidente Zapatero reprimen con extraordinaria dureza una manifestación vecinal en protesta por el derribo del barrio del Cabanyal, en Valencia, 355 Km. al este de Madrid.
Los vecinos, que se oponen pacíficamente a los derribos de este barrio valenciano, son golpeados indiscriminadamente y algunos de ellos detenidos cuando se han subido a las máquinas que llevan a cabo la destrucción de los edificios.
La brutal carga policial ha sido denunciada ante la justicia por las organizaciones vecinales y los partidos opositores de izquierdas.
Los vecinos, que se oponen pacíficamente a los derribos de este barrio valenciano, son golpeados indiscriminadamente y algunos de ellos detenidos cuando se han subido a las máquinas que llevan a cabo la destrucción de los edificios.
La brutal carga policial ha sido denunciada ante la justicia por las organizaciones vecinales y los partidos opositores de izquierdas.
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