El 82% es contrario al mecanismo de cierre de 'webs' del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.
Nueve de cada diez consumidores creen que el Gobierno de España sólo está preocupado por los intereses de la industria cultural y no atiende los del conjunto de ciudadanos.
Nueve de cada diez consumidores creen que el Gobierno de España sólo está preocupado por los intereses de la industria cultural y no atiende los del conjunto de ciudadanos.
Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción sobre las medidas del Gobierno, en el ámbito de su política cultural, para regular los derechos de autores, editores y usuarios.
En la encuesta, efectuada entre el 24 y el 28 de febrero, han participado 2.957 usuarios.
Sólo el 8% de los encuestados considera que el Gobierno está preocupado por igual por los derechos e intereses de los consumidores y los de la industria cultural. El 91% valora que de las actuaciones del Ejecutivo se deduce que su única prioridad son los intereses de la industria y un 1% cree que sólo se centra en los de los usuarios.
Asimismo, el 97% de los usuarios está en contra del canon digital. El 41% de los encuestados cree que sólo sería justo si se aplicase a las obras originales y no a soportes de almacenamiento vírgenes y el 56% opina que es totalmente injusto y no debería aplicarse a ningún tipo de soporte. Tan sólo el 3% lo cree justo tal y como está concebido en la actualidad.
En cuanto al mecanismo de cierre de páginas web de enlaces que recoge el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, el 82% considera que con esta medida se vulnerarían derechos fundamentales, dándose más valor a los derechos de la industria cultural.
El porcentaje de usuarios que se muestra de acuerdo con la medida al opinar que podrá proteger los derechos de los autores y editores que con la normativa actual se encuentran desprotegidos se reduce al 3%. Por su parte, el 15% de encuestados no opina al indicar que no conoce el alcance de la medida.
Por otro lado, sólo el 20% de los usuarios cree que adquirir copias pirateadas es una inmoralidad. El concepto piratería, eso sí, no es el mismo para todos los usuarios, ya que unos lo asocian a la compra de copias ilegales y otros también al intercambio o descarga de obras sin ánimo de lucro, asimilando el discurso de la industria y el Gobierno.
La existencia de consecuencias legales sólo frenaría la compra de copias piratas o el intercambio de archivos para el 31% de los encuestados. El 49% no dejaría de hacerlo y el 21% no se posiciona sobre esta cuestión.
Un precio asequible movería al 67% de los usuarios a comprar una obra original antes que una copia. La existencia de una mejor calidad en la versión original también llevaría a comprarla al 60% de los encuestados.
Asimismo, el 62% de los usuarios se queja de que faltan instituciones públicas donde puedan consultarse o tomarse prestadas obras culturales.
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