Los días 15, 16, 22 y 23 de julio de 2010 y tras el verano, el 7, 8, 9,14,15 y 16 de septiembre, se desarrollará el juicio en la Audiencia Nacional de Madrid por el sumario 6/03, dirigido contra 22 concejales y trabajadores administrativos por pertenecer a Udalbiltza acusados “de un posible delito de integración en organización terrorista”. Se solicita para ellos penas de 10 a 15 años de cárcel.
La Asamblea de Ayuntamientos y Electos Municipales de Euskal Herria (Udalbiltza) se creó en 1999 para dotar a los territorios vascos de una representación institucional democrática con el apoyo de 1700 electos municipales pertenecientes a PNV, EA, izquierda abertzale e independientes de las siete provincias vascas.
Esta institución pretende afirmar la existencia del Pueblo Vasco como Nación contribuyendo a su estructuración institucional, impulsando la construcción nacional y avanzando en el proceso de interrelación entre los municipios de todos los territorios, en ámbitos como lengua, cultura, deporte, medio ambiente, ordenación del territorio, desarrollo económico y bienestar social. También tiene por objeto proyectar en el ámbito internacional la existencia del Pueblo Vasco como nación propia y diferenciada y actuar como tal en Europa.
Algunas de sus actividades han sido el Observatorio Económico y Social de Euskal Herria, la promoción de la igualdad entre géneros, suscribir el convenio con la Liga Internacional de los Derechos de los Pueblos, la caracterización vasca de la matrícula de los automóviles y de las señales de tráfico, el etiquetado “Hecho en Euskal Herria”, Guía de Turismo, etc…
El 29 de abril de 2003, las autoridades españolas realizaron un operativo policial, llevando a cabo registro y precintado de varias sedes de Udalbiltza, interrumpiendo una trayectoria de proyectos compartidos entre ayuntamientos de todos los territorios vascos.
Poco ha importado que los procesados sean cargos elegidos democráticamente por los ciudadanos de sus respectivos municipios y que los fondos se hayan dedicado a actividades culturales, deportivas y educativas, todas ellas de dominio público.
El fundamento de este macroproceso de la Audiencia Nacional, continuación del sumario 18/98 y del mas reciente de Egunkaria, no es jurídico, sino político y no protege sino que vulnera las libertades democráticas que dice defender. Su finalidad es criminalizar cualquier actividad que, mediante cambio pacíficos y democráticos, favorezca la vertebración de Euskal Herria como sujeto político.
El Relator sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU, Martin Scheinin y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han denunciado públicamente su preocupación por el alcance excesivo de las definiciones de terrorismo en el estado español.
En el terreno jurídico, condenar ideas y prohibir actividades legítimas como las desarrolladas por los encausados en este proceso, supone profundizar la excepcionalidad de la legislación penal española, incluso en clara contradicción con la norma constitucional. En el terreno político, supone profundizar el déficit democrático del estado español y alejar una solución dialogada del conflicto entre el Estado español y el pueblo vasco.
Sin garantías de los derechos y libertades, no hay democracia. Su defensa requiere la movilización social en todo el estado contra las vulneraciones masivas de libertades. El derecho de un pueblo a decidir no debe ser ni prohibido ni ignorado.
Expresamos nuestra preocupación por este nuevo proceso antidemocrático e injusto, así como las elevadas penas que se solicitan a estos trabajadores y representantes de la voluntad popular. Reivindicamos el derecho de los representantes democráticos a crear y desarrollar instituciones de ámbito nacional.
Manifestamos nuestra solidaridad con los alcaldes, concejales y trabajadores encausados. Exigimos que la fiscalía retire la acusación contra Udalbiltza y todos los procesados en el sumario 6/03 y que dicha causa sea archivada.
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