La Plataforma contra el Préstamo de Pago comunicó hace unos días que estaba valorando la posibilidad de presentar una alegación al inminente decreto que va a empeorar el canon del préstamo.
Terminado el plazo de presentación de alegaciones, la Plataforma informa de que no ha llegado a presentar dicha alegación porque ha creído que sería un trabajo de nula eficacia. El gobierno aparenta dar la posibilidad de corregir los borradores de leyes, pero luego ni dice cuántas alegaciones ha recibido ni las acepta.
Sin embargo, la Plataforma considera que se pueden tomar medidas más eficientes. Veamos alguna:
1. Una vez publicado el decreto, se debería impugnar por la vía contencioso-administrativa. Esto sólo puede hacerlo una entidad administrativa que resulte directamente afectada: una comunidad autónoma o un ayuntamiento. La Plataforma conoce algún ayuntamiento que está dispuesto a hacerlo, y anima a los compañeros que trabajan en bibliotecas municipales a que informen sobre el tema a sus alcaldes y concejales, proponiéndoles que se sumen a esa posible impugnación. Cuantos más sean los recurrentes más fuerza tendrá el recurso. El decreto tiene suficientes puntos flacos (las obras de dominio público, el adelanto del pago por parte de las administraciones grandes, la opacidad del reparto de lo recaudado...) como para cargarse de razones jurídicas.
2. Por otra parte, cuando se promulgue el decreto, cualquier ciudadano puede presentar una reclamación ante la Defensora del Pueblo. Aquí se pueden utilizar argumentaciones más a pie de calle, por ejemplo que para la ciudadanía es una agresión que, con sus impuestos, sus ayuntamientos paguen dinero a entidades de gestión privada gastando un dinero que debería emplearse en comprar libros para su biblioteca pública. El Día del Libro podría ser una buena fecha para que los bibliotecarios empezáramos una campaña de recogida de firmas con un escrito en ese sentido.
3. La tercera cosa que se puede hacer es impulsar una campaña de desobediencia civil, de manera que los usuarios se nieguen a que se cuenten sus préstamos. Se puede invocar para ello la ley de protección de datos.
La Plataforma contra el Préstamo de Pago agradecerá las respuestas que los bibliotecarios quieran hacer a estas propuestas y, por supuesto, cualquier otra idea que sirva para defender a la biblioteca pública contra la voracidad de las entidades de gestión de derechos, en nuestro caso Cedro, interesada sólo en la búsqueda de su propio provecho.
No al préstamo de pago en bibliotecas públicas.
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