Mientras los bibliotecarios estamos distraídos, sufriendo las heridas de la crisis, las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, que buscan únicamente su propio beneficio a costa de lo público, no descansan.
El Ministerio de Cultura ha hecho un nuevo borrador de decreto para “regular la remuneración a los autores" por los préstamos de obras. Lo ha puesto a información pública y ha dado un plazo para la presentación de alegaciones, que podrán presentarse en la Subdirección General de Coordinación hasta el 16 de marzo.
El nuevo borrador empeora la situación que teníamos hasta ahora, por dos razones fundamentalmente:
Primera: Porque admite que sea la administración central o la autonómica las que paguen a las entidades de gestión el canon de todas las bibliotecas (no sólo de aquellas de las que sean titulares) y que luego, en las transferencias periódicas que el Estado o las CCAA hacen a los ayuntamientos, se detraiga ese dinero. Eso significa que la administración central y la autonómica (el sector público) hacen de recaudador y de único cajero pagador para las entidades de gestión de derechos. Así las entidades, que son asociaciones privadas, no tendrán que molestarse en recaudar ayuntamiento por ayuntamiento: recibirán de una vez todo el dinero sin moverse de su domicilio. Y eso significa también que los ayuntamientos pagarán a las entidades de gestión de derechos sí o sí. No queda margen para la objeción de conciencia.
Segunda: Porque añade un nuevo parámetro para calcular lo que cada biblioteca tiene que pagar a las entidades de gestión. Hasta ahora estaba estipulado que las bibliotecas pagaran 0,20 € al año por cada libro que compraran para el servicio de préstamo. El borrador rebaja esos céntimos a 0,16 por cada libro que se compra, pero mete un nuevo concepto para calcular el canon: los usuarios que usan el préstamo. Así, si el decreto sigue adelante, habrá que pagar 0,05 céntimos por cada usuario que haga uso del préstamo cada vez: si yo saco 100 libros al año cuento como 100. Lo cual significa que, cuantos más préstamos haga una biblioteca, cuanto mejor trabaje, más tiene que pagar a las entidades de gestión.
¡Qué listos son los señores de la propiedad intelectual! Ahora que las bibliotecas no pueden comprar libros, porque las administraciones dicen que “no hay dinero”, quieren cobrar por los préstamos de los que compraron cuando sí lo había. Vaya paradoja: las administraciones no pueden dedicar fondos a renovar las colecciones públicas pero sí a llenar las arcas de las sociedades de gestión privadas. Y, además, es el sector público el que hace todo el trabajo: la recaudación y la promoción de los préstamos.
Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas
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