miércoles, 19 de diciembre de 2007

Carta abierta a los Ministros de Cultura y de Educación y Ciencia de España

Señor Ministro:
Señora Ministra:
Los resultados del último Informe PISA han dejado patente el bajo nivel de nuestros adolescentes en cuanto a lectura comprensiva. Varias son las causas que se han apuntado estos días: falta de inversiones en educación, formación y consideración social inadecuada del profesorado, carencia de motivación e interés por parte de los estudiantes, escasa o inexistente implicación de las familias, legislación cambiante sin tiempo de consolidación, utilización excesiva y sin criterio de las nuevas tecnologías, consumismo desaforado alentado por una sociedad excesivamente mercantilista… Pero hay otras causas que, inexplicablemente, no han sido mencionadas y sin embargo nos parecen fundamentales: la insuficiencia de bibliotecas escolares, la falta de dotación de las bibliotecas públicas y la tendencia a la mercantilización de los servicios que estas últimas ofrecen.
La Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas considera:
- Que las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas públicas, las más cercanas a todos los ciudadanos, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo, difusión, impulso y consolidación de la lectura, ya que permiten el acceso libre a la lectura y a la información y, además, orientan sobre las mejores lecturas, descubren nuevos autores y libros, difunden variedad y promueven todo tipo de actividades para hacer de la lectura un hábito consolidado y atractivo.
- Que las bibliotecas y los bibliotecarios contribuyen de manera directa a crear lectores; por eso, invertir en ellas y favorecerlas eliminando todo gravamen económico añadido a sus servicios, es una manera de conseguir que haya mayor número y más sólidos lectores.
- Que entre otras medidas referidas al ámbito educativo, familiar o social, resulta ineludible dotar a las bibliotecas de recursos económicos suficientes para afrontar no sólo la adquisición de fondos, sino también la realización de actividades culturales y relacionadas con la lectura; al igual que dotarlas de personal adecuado en número y en formación y hacerlas más presentes en la sociedad.
- Que resulta una prioridad el desarrollo y dotación de bibliotecas escolares, tal como señala la LOE en su artículo 113, ya que constituyen una herramienta de trabajo insustituible en los centros educativos y pueden contribuir de manera directa a la consolidación de la lectura comprensiva, incluyéndolas en los planes de lectura de los respectivos centros. Pero nunca habrá bibliotecas escolares sin bibliotecarios que las organicen y las hagan visibles, e imprescindibles, para la comunidad educativa.
- Que medidas como el canon por préstamo, recogido en la reciente Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas y respondiendo a la directiva europea 115/2006, resultan incoherentes con la preocupación manifestada por distintas administraciones, instituciones y personas del ámbito educativo y cultural respecto a la consolidación de la lectura. El préstamo libre y gratuito constituye una herramienta poderosa para el fomento de la lectura. No nos vale la coartada, tantas veces aducida, de que el canon a los préstamos es una imposición europea. Las directivas europeas pueden cambiarse, especialmente la que nos ocupa, muy discutida en todos los países que la sufren.

L a Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas insiste en el daño que medidas como el llamado canon por préstamo pueden infligir a la educación y a la cultura, al gravar actividades contempladas como servicio público y al introducir la lógica mercantilista en estos ámbitos. Nada bueno puede augurarse si la educación y la cultura siguen acercándose a los parámetros del comercio y alejándose de la concepción de servicio público que debe proteger una política de Estado.
Por ello solicitamos lo siguiente:
- Que el Ministerio de Cultura español, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia, encabece un movimiento europeo contra la Directiva 115/2006. Se acaba de poner en evidencia que nuestro país necesita invertir mucho dinero en bibliotecas; por ello le corresponde este papel protagonista en la oposición hacia una disposición que viene a restar recursos a la lectura.
- Que, mientras ese objetivo no sea una realidad, el Ministerio de Cultura, apoyado por el de Educación y Ciencia, pida a la Dirección General del Comercio Interior de la U.E. una moratoria para el cumplimiento de la Directiva 115/2006, efectiva hasta que las bibliotecas de nuestro país –incluidas las escolares- cumplan, como mínimo, los estándares de las bibliotecas europeas.
Publicado en Rebelión y LaRepública.es

El canon: la nueva Marbella de la propiedad intelectual

Cuando la tecnología creó en los pasados años 60 sistemas de copiado de canciones (las antiguas cassettes) se hizo imposible controlar quién realizaba copias para su uso personal. Se justificó entonces la creación de un nuevo sistema compensatorio: ya que no es factible saber cuánto se deja de vender debido a las copias realizadas por los particulares, cada cinta virgen se gravaría con un canon que se entregaría a las entidades de gestión de la propiedad intelectual para que lo repartiera entre sus socios.
Esta creación jurídica, sin embargo, no se aplica para colectivos diferentes de los autores: los taxistas de Madrid han perdido un gran número de carreras al aeropuerto tras la implantación del Metro hasta Barajas y si bien ése es su salario, no han recibido compensación; las agencias de viajes han perdido millones de euros ante las ventas directas de billetes que las compañías aéreas hacen en sus páginas web y tampoco han recibido compensación alguna ante la evolución tecnológica. Podríamos poner muchos ejemplos: los trabajadores de astilleros y altos hornos, el sector textil ante la invasión de productos orientales…
¿Qué tienen de especial los autores para que se les trate tan singularmente frente al resto de la población? En realidad, no es una cuestión de los autores, sino de quienes les gestionan los derechos. El Tribunal de Defensa de la Competencia, en su sentencia de fecha 15 de mayo de 2007, reconoció probado que las entidades de gestión de la propiedad intelectual perdonaron a la industria las deudas de ésta en concepto de canon hasta el ejercicio 2003 y desde entonces aplican un descuento.
El canon es un derecho irrenunciable del autor. Las entidades de gestión de la propiedad intelectual simplemente administran los derechos de los autores. Si el titular del derecho, el autor, no puede renunciar al canon, es difícil comprender cómo el administrador del derecho tenga facultad para hacerlo.
Recientemente, dos entidades de gestión (AGEDI y AIE) alegaron ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid que no disponían de capacidad necesaria para controlar la música que se comunicaba en los salones de boda. Tener tal capacidad es uno de los requisitos legales para poder ejercer de entidad de gestión.
El Ministerio de Cultura tiene la potestad de inspección sobre las entidades gestoras; sin embargo, nada ha hecho ante el perdón del canon que señala el Tribunal de Defensa de la Competencia ni ante el reconocimiento de los hechos por parte de AGEDI y AEI de su incapacidad.
Este mismo Ministerio de Cultura envió una Memoria Económica al Consejo de Estado en la que manifestaba que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual no tendría influencia directa en los presupuestos generales del Estado. Cuando se adapta una Directiva Europea a la legislación nacional, el Gobierno debe solicitar un dictamen del Consejo de Estado antes de que pueda presentar el proyecto de ley ante el Congreso de los Diputados, y adjunto a tal dictamen se acompañaba la memoria citada.
El dato del Ministerio de Cultura no es correcto: toda la actividad estatal de registro y copia paga canon, siendo el ejemplo más escandaloso que todos los juicios que se celebran en nuestro país satisfacen un canon a las entidades privadas de gestión porque es obligatorio que el acta judicial se grabe en un soporte audiovisual.
La actividad estatal se halla satisfaciendo canon y no goza de exención, a pesar de que el Gobierno con un mero real decreto podría eximirse. La entidad de gestión de los derechos reprográficos, CEDRO, tuvo unos ingresos anuales en 2006 de 37 millones de euros: de ellos, 34 correspondían a canon. CEDRO ingresa fundamentalmente de las fotocopiadoras, escáneres y faxes. Es de sentido común que el Estado central, las comunidades autónomas y las corporaciones municipales son las mayores propietarias de fotocopiadoras y no tienen derecho a realizar copias privadas.
Para calcular el futuro importe del canon, se espera pronto una resolución conjunta de los Ministerios de Cultura e Industria, en forma de orden ministerial. El importe que señale esta norma será sufragado en su mayor parte por las administraciones públicas. De esta manera, el Estado central decidirá el gravamen de las comunidades autónomas señalando el precio por fotocopiadora o por acta judicial (CD). La Constitución señala que el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas ha de regularse por Ley orgánica. A pesar de esa reserva legal, el Gobierno central ahora decidirá en cuánto se incrementan los gastos autonómicos a través de una norma reglamentaria.
Finalmente, no debemos olvidarnos del reparto del canon. Las entidades de gestión mantienen públicamente una tesis: estamos controlados por el Ministerio de Cultura y auditados, por lo que la corrupción no es posible.
A pesar de tales afirmaciones, no existe tal control ministerial, y sobre las auditorías, éstas no analizan la clave de todo el sistema: dado que no puede saberse cuánto ha dejado un autor de vender y qué canon sería el que le correspondería obtener, los estatutos de las entidades establecen un sistema de reparto que se fundamenta en un muestreo del que se deriva cuánto se paga a quién. El muestreo nunca es auditado ni se conocen sus parámetros técnicos, es secreto y cuando el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante se lo solicitó a la SGAE en el procedimiento 172/2005, ésta se negó a entregarlo.
Como conclusión: el Gobierno impone un canon que se satisface por todas las administraciones públicas; el Ministerio de Cultura oculta el importe que el Estado pagará del canon; las entidades de gestión no están controladas y sus auditorías no reparan en el muestreo, que es la clave del reparto. Hora es ya de exigir transparencia.
Javier de la Cueva es abogado. Coordinador de la demanda contra el canon
Publicado en Público

martes, 11 de diciembre de 2007

La lectura gratis

Dice Antonio Orejudo en su columna ‘Analfabetos’ que, para mejorar la enseñanza escolar española, se podría empezar por invertir en ella el dinero que se lleva la enseñanza concertada. No sé si se tomará esa buena medida; lo que sí me temo es que, si no lo evitamos, se va a tomar en breve otra que perjudicará aún más el nivel intelectual de nuestros escolares. Si ya les cuesta leer teniendo todos los libros del mundo disponibles, gratis, en las bibliotecas, ¿cuánto leerán cuando la directiva europea 2006/115/CE obligue a pagar un canon por tomarlos prestados?

Micol Lagarde Rodríguez. Bibliotecaria. Madrid

Publicado en Público

lunes, 10 de diciembre de 2007

Bibliotecas y niveles de lectura

Me resulta increíble que los responsables de la educación no relacionen los bajísimos niveles de comprensión lectora que pone en evidencia el Informe PISA de la OCDE con la falta de bibliotecas escolares.
En nuestro país, las bibliotecas escolares siguen siendo una ficción. Los centros educativos han ido incorporando muchas cosas: profesores de gimnasia, orientadores, auxiliares técnicos educativos, profesores de música..., pero sus bibliotecas están como hace 50 años: sin bibliotecario que las organice, que ofrezca un servicio estable, que siembre el amor por la lectura. Y ahora, encima, se pretende que las públicas paguen por prestar los libros. Así nos va.

Blanca Calvo Alonso-Cortés
Directora de la Biblioteca Pública del Estado de Guadalajara

Publicado en El País y Público.